Cámara Colombiana de la Infraestructura

Bogotá / Colombia,


18 de febrero de 2019 - Iniciativas privadas: una respuesta

Por: Juan Martín Caicedo Ferrer* 

Presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura


En las últimas semanas, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, planteó como alternativa de financiamiento para el gasto nacional la enajenación del 8 por ciento de Ecopetrol. La transacción podría ascender a 10 billones de pesos, según lo manifestado por el propio Carrasquilla. Aunque la propuesta todavía no genera consenso en la opinión pública, sí puso de manifiesto la necesidad que tiene el Gobierno de encontrar fuentes de financiación, distintas al presupuesto general, para adelantar su plan de inversiones.

En lo que corresponde puntualmente al sector infraestructura, este resulta ser el momento preciso para desempolvar una figura con gran potencial: las iniciativas privadas. Se trata de un mecanismo que le permite al sector empresarial convertirse, por una parte, en originador de ambiciosos proyectos y, por otra, en el inversionista de estos. La administración de la mayoría de los riesgos implícitos en este tipo de iniciativas corre por cuenta del privado.

Así gana la nación, pues no tiene necesidad de destinar los escasos recursos fiscales a la estructuración de nuevas obras. Dependiendo de las propuestas privadas, es factible que el Estado tampoco tenga que disponer de cuantiosas sumas de dinero público para adelantar la ejecución de la obra.

También gana la ciudadanía, porque en un futuro cercano puede contar con una mejor infraestructura. Los bogotanos lo saben de sobra: gracias a las iniciativas privadas, el desvencijado coliseo El Campín está hoy transformado en el Movistar Arena. Un escenario que, más allá de las críticas, no existiría si no fuese por el concurso empresarial.

En el resorte nacional, para dar una mirada más amplia, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ya ha aprobado nueve proyectos mediante este mecanismo. Iniciativas que en plata blanca significan inversiones por 27,2 billones de pesos y más de 30.000 nuevos puestos de trabajo formal.

Es más: la misma ANI tiene en estudio otras iniciativas como el tramo Villeta-Guaduas, el cual plantea una solución definitiva para la complejidad geológica y geográfica que presenta ese tramo en el corredor Bogotá-costa Caribe. Habría que sumar además la propuesta aeroportuaria que formula la ampliación de El Dorado.

El potencial de las iniciativas privadas es incuestionable: tan solo los proyectos carreteros que hoy se encuentran en ejecución representan más de 17 billones de pesos adicionales de inversión, frente a lo que se lograría obtener de la venta de la estatal petrolera. Así, de cara a las afugias fiscales por las que atraviesa el país, no está de más para el Gobierno poner este tema nuevamente en la agenda.

Desde la sanción de la ley de asociaciones público-privadas, en 2012, la normativa relacionada con esta materia ha mejorado. La Ley 1882 de 2018 elimina cargas para el Estado en lo que corresponde a la evaluación de las propuestas presentadas por el privado. Según la norma, el empresario es quien responde presupuestalmente por los costos correspondientes al equipo encargado de revisar la viabilidad de su iniciativa. Esto, por un lado, desincentiva la presentación de iniciativas ociosas y, por otro, sustrae del debate de la presión fiscal el dar viabilidad a los proyectos que, a juicio del Gobierno, contribuyan a avanzar hacia un país más competitivo.

No cabe duda de que el Gobierno debe otorgar a este mecanismo la mayor importancia y avanzar en la revisión de las iniciativas privadas que hoy están en fila de espera. De repente encuentra más de un proyecto que coincida con su plan de inversiones y su objetivo de trabajar por un país más equitativo.


*Columna publicada en el diario El Tiempo.

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