Los ánimos están caldeados. Mientras unos insisten –a la ligera y sin mayor fundamento– en replantear la participación privada en el desarrollo de infraestructura, otros lanzan ponzoñosos dardos contra el libre mercado. Hay quienes incluso, embebidos en una suerte de utopía idealista, hablan de refundar la patria y, al calor de los debates, se arriesgan a proponer desde la suspensión inmediata de la exploración petrolera en procura de una transición energética, apresurada valga advertir, hasta poner a rodar intrincadas redes de ferrocarriles eléctricos para comunicar el centro del país con la costa Caribe.
Planteamientos de ese tenor, tan exóticos algunos como difícilmente ejecutables otros, vienen haciendo carrera y se repiten una y otra vez en el marco de la contienda electoral. Paradójicamente, a oídos del votante incauto, propuestas de esa naturaleza resultan en ocasiones más que convincentes y, como consecuencia, sirven de cebo para acrecentar el caudal de ciertas tendencias políticas.
Lo cierto aquí es que mientras pregonan a los cuatro vientos fórmulas mágicas orientadas a acabar con ‘todos los males’ de la patria, los candidatos a la presidencia parecen haber olvidado incluir en sus discusiones un interrogante que urge respuestas de fondo: ¿cómo poner freno, de una buena vez, a la inseguridad jurídica derivada del sinnúmero de iniciativas de origen parlamentario que se vienen radicando en el seno del Congreso de la República y que, algunas de ellas, ya están haciendo mella en la productividad de buena parte de las empresas del país?
El fenómeno es preocupante. Son cerca de 1.000 proyectos de ley que tan solo en el periodo 2020-2021 han sido radicados en el Congreso. Sus incisos, constantemente, plantean desde convertir la contratación pública en vehículo para materializar incentivos particulares hasta modificar contratos vigentes, imponer mayores erogaciones a los contratistas del Estado o alterar la filosofía exitosa del modelo de las concesiones, por mencionar tan solo un manojo.
Iniciativas de ese estilo, en efecto ya están poniendo contra las cuerdas, particularmente, a las pequeñas y medianas empresas del país. ¿Por qué? Grosso modo, porque afectan los costos en el giro ordinario de sus actividades empresariales y, de la misma manera, enfrentan a las compañías a cambios sistemáticos en las reglas de juego. En resumen, lo anterior se traduce en la ya mencionada inseguridad jurídica, que, en el más simple de los pragmatismos, es el equivalente a caminar sobre una cuerda floja.
Infortunadamente, dicha problemática se está convirtiendo en el mejor abono para acrecentar la profunda crisis que hoy por hoy afrontan tanto la democracia como la política. Crisis que –hay que decirlo sin ambages– es el resultado de un Estado letárgico, incapaz de sacar adelante las reformas que necesita el país.
Qué mejor coyuntura esta, entonces, para que el próximo presidente se juegue a fondo por una reforma encaminada a racionalizar el trámite de las iniciativas legislativas, en pro de evitar, justamente, este torrente de proyectos de ley, tan nocivos como inoficiosos. Solo así, con una reingeniería estructural, será posible mitigar la inseguridad jurídica que por estos días sigue luciendo como una de las enemigas de la reactivación económica.
Candidatos: el país se apresta a vivir un cambio histórico. En manos de uno de ustedes –de quien salga elegido para dirigir los designios de la nación– estará una oportunidad de oro encauzada a renovar las viejas y, en ocasiones, no muy saludables prácticas del Congreso de la República. Así, pues, su responsabilidad será de dimensiones colosales: superar la crisis que día a día desdibuja la esencia de la política y menoscaba el espíritu de la democracia.
JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER
* Presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura
