En la tarde de ayer, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), envió una carta (memorial de coadyuvancia) a Jorge Luis Lubo, juez cuarenta y nueve administrativo de oralidad de Bogotá, quien decretó la medida cautelar de la suspensión de Transmilenio sobre la carrera séptima. En el documento, el gremio argumenta, entre otras cosas, que el juez no decretó ni verificó la práctica de las pruebas técnicas requeridas, razón por la cual la medida cautelar se basa en apreciaciones subjetivas del funcionario judicial que desbordan su ámbito de conocimiento especializado.
Según el gremio, contrario a lo afirmado por el juez, de la lectura del auto se concluye que, el IDU llevó a cabo los estudios y diseños de factibilidad previamente a la apertura de la licitación pública, ajustándose a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, motivo por el cual la medida cautelar no es procedente.
