Frente a las declaraciones realizadas ayer por el presidente de la República, Gustavo Petro, en el sentido de que el déficit fiscal podría compensarse con recortes a la inversión en concesiones viales ya contratadas y con la devolución de recursos administrados en fiducias, la Cámara Colombiana de la Infraestructura se permite hacer precisiones institucionales y jurídicas:

Los recursos a los que hizo referencia el mandatario, administrados a través de fiducias en proyectos concesionados, no corresponden a dineros disponibles ni a excedentes fiscales, sino a recursos con destinación específica, asociados a contratos vigentes, cuya finalidad es garantizar la ejecución de obras estratégicas. Su naturaleza jurídica y funcional es clara y está directamente vinculada al cumplimiento de obligaciones contractuales previamente adquiridas por el Estado.

No sobra recordar que los recursos administrados por las referidas fiducias no suman 18 billones, como mencionó el presidente en su alocución. “Realmente los dineros que hoy están disponibles para el pago de las obras que se entregan gradualmente -a medida que se construyen los proyectos- es de $6,5 billones, los cuales están debidamente administrados por las fiducias, justamente, para garantizar la cabal ejecución de las obras”, aclaró Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente Ejecutivo de la CCI. 

¿La infraestructura como variable de ajuste fiscal?

El planteamiento del presidente de la República en el sentido de que, ante la eventual caída de la emergencia económica, el déficit fiscal podría compensarse con recursos provenientes de concesiones viales de cuarta y quinta generación marca un punto de inflexión. La exhortación a que los concesionarios devuelvan recursos administrados en fiducias introduce una señal inédita: la infraestructura como variable de ajuste fiscal. 

Resulta, además, paradójico que el presidente ha hecho especial énfasis en disponer de los recursos para saldar las deudas del Estado, pero en contravía a ello, pone en duda el desembolso de las vigencias futuras que son, a todas luces, un compromiso soberano de pago de deuda, por parte de la nación. 

Esta aproximación representa un giro de fondo en la relación entre el Estado y el modelo de concesiones, y genera una señal de alta sensibilidad para la estabilidad jurídica y financiera del sector, especialmente en el contexto de decisiones y anuncios recientes que afectan proyectos ya contratados.

Una decisión consumada

La terminación anticipada del contrato de concesión del corredor de carga entre Barranquilla y Cartagena constituye un antecedente concreto. Esta decisión, que derivó en la reversión del proyecto al Estado, impacta directamente la conectividad, la logística y la competitividad de una región estratégica. Al mismo tiempo, establece un mal precedente sobre la manera en que hoy se están abordando los contratos de infraestructura.

Anuncios que generan incertidumbre

A este hecho se suman los anuncios relacionados con Autopistas del Café. La manifestación pública sobre una eventual terminación anticipada del contrato y la eliminación de los peajes del proyecto se produce sin que exista, hasta la fecha, una prerrogativa contractual que lo permita. El contrato se mantiene vigente. Sin embargo, el solo anuncio ha generado incertidumbre jurídica, ha afectado la planeación del proyecto y ha tensionado la relación contractual. En materia de infraestructura, la palabra oficial también produce efectos reales.

Recortes a proyectos estratégicos

En paralelo, el gremio de la infraestructura advirtió recientemente sobre el recorte de vigencias futuras en dos proyectos estratégicos: el Canal del Dique y la vía Mulaló-Loboguerrero. La reducción de recursos, cercana a un billón de pesos, compromete obras fundamentales para la competitividad, la seguridad hídrica, la conectividad del suroccidente y el comercio exterior. Más allá de su impacto inmediato, estos recortes no solo debilitan la planeación de largo plazo y la confianza, sino que desconocen el ordenamiento jurídico que regula la obligación del gobierno de dotar de los recursos necesarios a estos proyectos. 

Sumado a lo anterior, hay que tener en cuenta que la iniciación de estas obras depende de decisiones medioambientales, del resorte exclusivo del gobierno nacional. En ese orden de ideas, los eventuales retrasos que puedan presentarse no son responsabilidad de las concesiones a cargo de estas iniciativas. 

La infraestructura conlleva una función social

La Cámara Colombiana de la Infraestructura recuerda que las concesiones viales no son un fin en sí mismas. Son un instrumento de política pública con una profunda función social. Las obras que estos recursos garantizan impactan directamente a millones de personas que habitan en las zonas de influencia de los proyectos. Se traducen en vías más seguras para niños que se desplazan a sus escuelas, en trayectos más cortos y confiables para comunidades enteras y en mejores condiciones de acceso para regiones históricamente rezagadas. Sumado a lo anterior, vale destacar las políticas orientadas a compensar medioambientalmente el impacto de las obras. 

Las cifras son elocuentes: 

• Aproximadamente 1.100 programas de sostenibilidad ambiental 

• Cerca de 3 millones de árboles plantados 

• $1,2 billones en inversión en programas medioambientales 

• 2,5 millones de elementos arqueológicos hallados 

• 21.560 predios gestionados a nombre del Estado

• Más de 800 programas sociales

• Más de $117.000 millones en inversión social 

• Más de 1,6 millones de personas impactadas

Un llamado institucional

Terminaciones anticipadas, anuncios que contrarían el ordenamiento jurídico, recortes presupuestales y exhortaciones fiscales configuran un mismo patrón. No se trata de hechos inconexos. En conjunto, estas señales ponen en riesgo la seguridad jurídica, la confianza inversionista y la estabilidad de un modelo que ha sido esencial para cerrar brechas, promover el desarrollo y mejorar la calidad de vida.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura reitera que defender la institucionalidad del sector no es defender intereses particulares. Es proteger la ejecución de obras públicas, la confianza en las reglas del juego y la capacidad de planear el desarrollo a largo plazo. La Cámara mantiene su disposición al diálogo técnico, serio y responsable, y hace un llamado a preservar la infraestructura como una política de Estado, no como una herramienta coyuntural de ajuste fiscal.