En teoría, difícilmente alguien podría oponerse a las tesis y posturas políticas que apuntan a proteger las tierras, aquellas destinadas a la producción agrícola. El país, además, tiene una deuda histórica con el campo y con las comunidades rurales que lo sostienen. Sin embargo, la reciente delimitación de las llamadas Áreas y Zonas de Protección para la Producción Agraria (Appa y ZPPA) ha encendido las alarmas por una razón elemental: bajo el propósito –loable, valga decir– de cuidar el suelo, se estaría haciendo todo lo contrario, aislarlo.
El asunto, aunque técnico en apariencia, tiene implicaciones concretas. Las resoluciones que dieron vida a las Appa y ZPPA trazaron sobre el mapa amplias zonas –los llamados polígonos– en las que se restringen ciertas actividades económicas, entre ellas la construcción de nueva infraestructura.
Pues bien, dentro de esos perímetros se cruzan 31 corredores de la red nacional de carreteras, 13 de ellos bajo el modelo de concesión. En otras palabras: tramos por donde transita buena parte del comercio, la producción y el transporte de alimentos. Si sobre esas vías se imponen restricciones o vacíos normativos, los proyectos en marcha podrían quedar en pausa y los nuevos, simplemente, no podrán desarrollarse.
Los efectos no se limitan al mundo de los contratos. En departamentos como Córdoba, Antioquia, Santander o La Guajira –donde la medida tiene mayor alcance–, las limitaciones afectarían a los agricultores, a los transportadores y, en últimas, a los consumidores. Porque cuando una carretera no puede construirse o mantenerse adecuadamente, el precio de los alimentos sube, el acceso a los mercados se reduce y el campo, que debería florecer, termina atrapado en su propio aislamiento.
El país lo ha aprendido a fuerza de experiencia: no hay seguridad alimentaria sin infraestructura. Los productos no llegan solos a las plazas; necesitan vías que los conecten con las ciudades y corredores logísticos que hagan posible su transporte a bajo costo. De lo contrario, el remedio terminará siendo peor que la enfermedad: una norma concebida para proteger la producción agraria que, paradójicamente, termina dificultándola.
A esto se suma un efecto económico más amplio. Los departamentos cobijados por las zonas de protección aportan casi el 60 % del producto interno bruto nacional. Frenar su conectividad equivale a frenar la economía entera. Basta recordar que solo los proyectos de Cuarta Generación han generado más de un millón y medio de empleos en todo el país. Mientras menor obra pública, menor empleo y, por supuesto, menor crecimiento.
Las resoluciones que dieron vida a las Appa y ZPPA no tuvieron en cuenta los planes de infraestructura ya aprobados ni la opinión de las entidades del sector del transporte
Pero hay otro riesgo menos visible: el de la descoordinación institucional. Las resoluciones que dieron vida a las Appa y ZPPA no tuvieron en cuenta los planes de infraestructura ya aprobados ni la opinión de las entidades del sector del transporte. Se repite así un error frecuente en la política pública: legislar en compartimentos estancos, como si el país no fuera un sistema interconectado.
Hace más de tres décadas, con la Ley 99 de 1993, Colombia logró armonizar el desarrollo de obras con la protección ambiental. Se puede –y se debe– buscar un equilibrio similar entre la planeación agrícola y la infraestructura. Porque si se pierde ese balance, el país correrá el riesgo de retroceder en lugar de avanzar.
El debate no es, entonces, entre producir o conservar. Es, más bien, entre planificar con inteligencia o improvisar con consecuencias. De persistir el actual marco, la llamada ‘protección agraria’ podría convertirse en un obstáculo para el desarrollo rural que dice defender. Y eso, sin duda, sería el más lamentable de los contrasentidos.
JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER
Presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura