Pasar al contenido principal

De infraestructura y Vargas Lleras

concesiones viales

Este conjunto de obras que avanza a buen vapor refleja una política estatal que trasciende periodos.

Quienes conocen de cerca a Germán Vargas Lleras saben de sobra que su talante público bien podría definirse con una sola palabra: ‘ejecutor’. Despejó las dudas, si es que las había, durante su paso por la vicepresidencia de la república, tribuna desde la cual puso su experiencia al servicio del sector de la infraestructura en el país.

Delineó, desde allí, una estrategia de trabajo en virtud de la cual siguió paso a paso el desarrollo de las obras prioritarias. Destrabó proyectos sometidos al cumplimiento de requisitos ambientales o de otra índole, e incluso hizo aproximación cotidiana con los propios contratistas. Recorrió una y otra vez el territorio nacional para supervisar personalmente los frentes de obra, pero además impulsó la construcción del Plan Maestro de Transporte Intermodal (2015-2035) y se la jugó a fondo por las 4G.

Hoy su voz, sin lugar a duda respetada, resuena cuando pone sobre la mesa algún asunto que a infraestructura se refiera. Ocurrió recientemente después de plantear, en su espacio habitual de los domingos en este diario, una serie de inquietudes que atañen al sector. Sus conclusiones dejaron interrogantes de fondo, entre otras cosas, sobre la buena marcha de varios programas –a lo largo de este gobierno– como el de cuarta generación de concesiones, iniciativa que si se revisa con detenimiento, refleja un panorama mucho más esperanzador del dibujado por el exvicepresidente.

Las cifras son elocuentes: a poco menos de un año de terminar el periodo del presidente Duque, las concesiones viales de cuarta generación muestran hoy en su totalidad un avance de ejecución cercano al 60%. Al finalizar esta administración ese indicador llegará al 80%. Lograr tales índices de cumplimento no fue producto del azar: fue el resultado de los esfuerzos desplegados también por el actual gobierno en procura de superar ciertos obstáculos que venían dificultando el desarrollo de algunos proyectos contenidos dentro de las 4G, particularmente en las concesiones Cesar-Guajira y Buga Buenaventura.

Para tal propósito, el de franquear los escollos, en las primeras de cambio de este gobierno, la ANI también creó un espacio que funcionó como una suerte de cuarto de crisis. Los proyectos siguieron avanzando, por lo demás, gracias a la dinámica propia de los contratos y la financiación obtenida por los concesionarios.

La estrategia permitió que, a la fecha, 27 de los 29 proyectos que conforman las 4G estén ejecutándose a carta cabal. A estas alturas, el programa además ha demandado inversiones cercanas a los $29 billones y gracias a él, en la actualidad se mantienen 70.000 empleos directos en el país. De hecho, tres iniciativas ya culminaron sus actividades constructivas, e iniciaron la fase de operación y mantenimiento; y se espera llevar -a agosto de 2022- otras 18 vías a ese mismo estado.

En síntesis, en este conjunto de obras que avanza a buen vapor –y dentro de las cuales el país abriga la ilusión de ver pronto el vigoroso despegue de las 5G– se ve reflejada una política de Estado que trasciende periodos y ciclos políticos.

Difícil pasar por alto, de otra parte, el paso histórico que dio el actual gobierno, al ponerse de acuerdo con los concesionarios viales y aeroportuarios, para resolver a través de acuerdos directos entre ellos y la entidad concedente, vale decir la ANI, el impacto de la pandemia en el avance de las concesiones. En pocas palabras, con los acuerdos las obras pudieron avanzar correctamente y le evitaron al país un semillero de pleitos y tribunales.

El horizonte luce alentador. Es cierto: por delante hay retos que aún persisten, sin embargo, las acciones desplegadas demuestran la importancia de estas obras para los ciudadanos y la necesidad de garantizar su ejecución en beneficio de los intereses del Estado.

Apostilla: coincidimos con Vargas Lleras: para mover la economía no había que desmontar, por la puerta de atrás, la Ley de garantías. Habría bastado con invertir, en forma correcta, los billonarios recursos por ejecutar en el Sistema General de Regalías.

 

JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER

*Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.