Termina un año complejo. Un año que no solo deja a su paso profundas cicatrices sociales, económicas y sanitarias, sino que nos obligó a darles un viraje al rumbo de nuestras vidas, tal vez como no lo registraba la historia mundial desde comienzos del siglo pasado.
Ante las no pocas dificultades que hemos tenido que sortear, es justo decir que también se han abierto caminos para paliar tan compleja coyuntura. Allí, la infraestructura se ha convertido en punta de lanza de una política contracíclica de largo aliento para recuperar la maltrecha economía. Y así quedó confirmado esta semana, durante el XVII Congreso Nacional del sector, realizado de manera virtual.
El evento, que se celebró con la presencia del alto Gobierno y centenares de empresarios nacionales y extranjeros, dejó de presente que ese rol preponderante que hoy pone a la infraestructura en la delantera de la reactivación económica es el resultado de un sector que ha adquirido fortaleza institucional, que ha logrado mantener un constante aporte al crecimiento económico y que, gracias una normativa bien pensada, ha superado talanqueras en términos de ejecución de los proyectos.
Destacable, por otra parte, el hecho de que fue justamente el Congreso de la Infraestructura el escenario que dio a conocer el trabajo de poco más de seis meses, que han venido desarrollando, en mesas de concertación, la ANI y las concesiones viales y aeroportuarias del país, para lograr acuerdos directos y, por esta vía, superar las dificultades generadas en la ejecución de los contratos a causa de la pandemia.
La concreción de los referidos acuerdos, en pocas palabras, apunta a garantizar la estabilidad de los contratos y, de la misma manera, a restablecer el equilibrio económico de estos. De llegar a feliz término, dichos acuerdos se constituirían en un hecho histórico sin antecedente en América Latina y, posiblemente, de escasa réplica en el mundo entero: evitarían a toda costa escenarios litigiosos que, al final del día, podrían torpedear la buena marcha de los proyectos y, por razones obvias, traerían consigo enormes costos sociales, de movilidad, de competitividad y, por supuesto, económicos al país.
Durante el Congreso fueron discutidos, además, la importancia y el impacto positivo de haber establecido la obligatoriedad del uso de pliegos tipo para obras públicas, consultoría e interventoría de proyectos, además de otros sectores de la infraestructura. Las cifras del observatorio del gremio demostraron que, con la entrada en vigor de la primera versión de los pliegos de obra, se redujo sustancialmente la práctica perversa de las únicas ofertas, al pasar del 76 % en promedio en el último quinquenio a un 28 %, en un escenario que aún es susceptible de mejorar.
Por último, las deliberaciones del evento corroboraron que el aporte del sector a la recuperación económica será de marca mayor. Allí, programas como el 4G y las nuevas concesiones de quinta generación 5G, las iniciativas de obra pública lideradas por el Invías, así como las inversiones millonarias incluidas en los planes de desarrollo de las principales ciudades del país para destinar a proyectos de infraestructura, se constituyen en pieza clave y en derrotero para la recuperación de la economía y la generación de empleo.
Al revisar tan halagüeño escenario, vale mencionar un estudio de Fedesarrollo en el cual se evidencia que la inversión en este sector, equivalente al 0,5 % del PIB anual, aumenta la tasa de crecimiento económico en 0,8 puntos porcentuales cada año. En consecuencia, por cada peso invertido en infraestructura se genera $ 1,6 de actividad económica.
En fin, el Congreso en mención confirmó que las dificultades podrán superarse, sin perjuicio de que persisten retos como la ley de consultas previas y una adecuada coordinación interinstitucional para la cabal planificación y ejecución de los proyectos.
JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER
Presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura
