Desde hace más de una década, cuando comenzó a estructurarse el ya conocido plan de concesiones de cuarta generación (o vías 4G), Colombia empezó a pagar una vieja deuda para tratar de poner al
día su infraestructura vial y lograr una mayor competitividad regional y, por supuesto, una mejor integración de todos los territorios.
Esa billonaria apuesta, de por sí ambiciosa -y que involucraba al sector privado como nunca-, tiempo después empezó a dar sus primeros frutos pese a enormes retos en materia de licenciamiento ambiental, financiamiento, relaciones con las comunidades, coordinación entre entidades del orden nacional y territorial, entre otros.
Ahora, después de un plan de vías 4G -próximo a concluirse, tras una década de trabajos y aprendizajes para todas las partes involucradas-, la construcción de infraestructura en Colombia comenzó a tomar el camino hacia una nueva era marcada por la sostenibilidad, la conservación del medio ambiente y una mayor comprensión de las necesidades de las comunidades.
Pero ¿qué significa comenzar a transitar por ese nuevo camino? La sostenibilidad en obras civiles, como lo explica a Infraestructura & Desarrollo el vicepresidente de Estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Jonathan Bernal, debe ser entendida bajo cuatro dimensiones: ambiental, financiera, social e institucional.
Antes de mirar hacia esa promisoria era sostenible, señala el vicepresidente de Estructuración de la ANI, hay que resaltar que en Colombia se encontraron proyectos que, en términos de gestión social, ambiental y predial, no habían sido estructurados de la mano de las necesidades de la población. “También había otros componentes que pedían las comunidades para las áreas de influencia de las obras, como escuelas, puentes, centros de salud, entre otros”, comenta.
Y más allá de este factor, afirma Bernal, estos proyectos no contemplaban realmente intervenciones que pensaran de manera integral en la adopción de criterios de mitigación y adaptación al cambio climático. “Eso hacía que, por ejemplo, la revisión del ciclo hidrológico no se tuviera en cuenta con lo que está pasando hoy por el cambio climático. Por cada dólar invertido en sostenibilidad hay retornos positivos de cuatro veces en el futuro. Eso es muy importante y no estaba en la génesis de la estructuración de proyectos”.
Tras años de experiencias y de retos para el Estado y los actores del sector de la infraestructura, el Gobierno asumió en años recientes -de la mano de organizaciones no gubernamentales y sector privado- un desafío significativo: construir con claridad de criterios y políticas públicas para garantizar que los futuros megaproyectos que se hagan en Colombia no solo logren su objetivo básico de conectar regiones, sino que garanticen su sostenibilidad ambiental y resiliencia al cambio climático.
De ese propósito surgieron valiosos resultados como los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial para Colombia, un trabajo hecho entre los ministerios de Ambiente y Transporte con el respaldo de World Wildlife Fund (WWF Colombia) y Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).
Estos parámetros, presentados hace dos años, hacen énfasis en que la apuesta de infraestructura que tiene vigente Colombia debe tener en cuenta “los escenarios de riesgo y los potenciales impactos que representa para el ambiente”.
Los Lineamientos también plantean que existe una imperante necesidad “de que los proyectos de infraestructura de transporte ofrezcan una respuesta integral a los requerimientos funcionales de comunicación y movilidad, sin comprometer el ordenamiento ambiental territorial, ni amenazar la conservación de la biodiversidad propios de un determinado territorio y los servicios ecosistémicos que presta”. Lo anterior, señalan, debe pasar por una articulación adecuada entre entidades públicas, entes territoriales y comunidades.
Estas directrices verdes trazadas por el Gobierno (y que buscan estar presentes desde la estructuración del proyecto hasta su ejecución y operación) son claras para dar línea en materia ambiental, social, tecnológica y de ingeniería para que -a futuro- se corrijan, eviten y mitiguen posibles impactos negativos en el medio ambiente.
Los proyectos de infraestructura verde vial deben ser, sin duda -como lo afirma esta guía-, compatibles con la conservación y mejoría de condiciones que presentan los recursos naturales renovables y el ambiente existentes en su área de influencia.
Infraestructura sostenible, un aspecto crítico
Estos años de trabajo le han mostrado al país que hacer infraestructura es un factor crítico para lograr un desarrollo sostenible. Así lo asegura Shirley Mardonez, gerente senior de Proyectos de Infraestructura de la firma KPMG.
Con el desarrollo de infraestructura, detalla Mardonez, no solo se provee transporte, sino agua, electricidad, saneamiento, educación y logística. Y cuando esta se construye de forma sostenible, “podemos participar de los acuerdos y diálogos internacionales y de un crecimiento económico inclusivo y sostenible”.
Hacer infraestructura hoy en Colombia, para la experta de KPMG, también significa impulsar la resiliencia y la circularidad. Además, se traduce en que al interior de los proyectos puedan incorporarse parámetros de sostenibilidad ambiental que aporten al desarrollo económico nacional.
Incluso, desde antes de que existieran los Lineamientos Verdes de Infraestructura Vial, el país ya alistaba algunos parámetros para promover la resiliencia climática tras los estragos generados por el fenómeno de La Niña (de 2010 y 2011) como, por ejemplo, acciones desde el Fondo de Adaptación, la Ley 1523 de 2012 (Sistema Nacional de Riesgo), el Plan de Vías Compatibles con el Clima -del Ministerio de Transporte-, entre otros, como el Plan de Adaptación al Cambio Climático (del DNP y el Ministerio de Ambiente).
“Todos estos parámetros mencionados empiezan a recoger estas salvaguardas y lineamientos internacionales para dar cumplimiento a políticas de cambio climático, a las metas de reducción de emisiones del país, dada la reciente actualización de la contribución de Colombia”, agrega Mardonez.
Prácticas para hacer vías deben cambiar
Mauricio Cabrera, asesor en Relaciones de Gobierno y Relaciones Internacionales de WWF Colombia, comenta que la implementación de estos Lineamientos Verdes requiere cambios de prácticas en la forma en la que se hacen vías. Aunque estos no son de obligatorio cumplimiento, señala, sería interesante que lo fueran.
“Que se prioricen ítems por los cuales los constructores hacen la obra. Hay que hacer toda una pedagogía. No solo en entidades públicas, sino con funcionarios en regiones, en gobernaciones y municipios. Lo importante es que Invías, Mintransporte y ANI han comenzado a implementar acciones”, afirma Cabrera.
Al final, bajo estos parámetros sostenibles, no solo se busca proteger el medio ambiente, sino garantizar un buen manejo de excesos hídricos y factures de seguridad en los taludes de las carreteras para evitar derrumbes y desastres por cuenta de temporadas invernales. “La idea es que las vías no colapsen. Más allá de temas ambientales, todas estas recomendaciones van a la funcionalidad de las vías”, agrega.
En línea con esta visión de contar con obras civiles resilientes que se adapten al medio ambiente, un estudio de Corficolombiana titulado ‘Infraestructura vial: retos y oportunidades ante el cambio climático”, advierte que, aunque el camino de la adaptación represente importantes retos en el mediano y largo plazo “es también una oportunidad para seguir mejorando y transformado los procesos de desarrollo de la infraestructura vial”.
Este proceso de adaptación, señala Corficolombiana, va a darle un vuelco a la planificación y la infraestructura para darle una visión de largo plazo (a 20, 30 y 50 años) sin perder de vista condiciones climáticas que lucen cada vez más desafiantes. “A pesar de que los costos de adaptación iniciales sean altos, se convierten en inversiones de largo plazo. Así, las entidades que reglamentan y coordinan la operación del sector tienen la oportunidad de orientar la manera de construir infraestructura vial en Colombia, generando oportunidades de desarrollo, generación de empleos, competitividad y crecimiento económico”, concluye este estudio.
