Comienza un año colmado de desafíos: la necesidad de sanar, por ejemplo, las dolorosas heridas que ha dejado a su paso la pandemia sobre la economía nacional. Y es, justamente, la infraestructura –un sector que avanza a buen ritmo, en pro de la competitividad y la generación de empleo– el que muchos ya identifican como punta de lanza para impulsar la tan anhelada recuperación económica. Se asoman, sin embargo, tres amenazas latentes que, de no ser corregidas a tiempo, podrían poner en vilo ese rol reactivador que bien ha venido desempeñando el renglón de las obras civiles.
Resulta preocupante, en primer lugar, la petición que, en cabeza de algunos transportadores, fue elevada recientemente al Gobierno con un inquietante mensaje: negociar el cobro de los peajes que se asientan en la geografía nacional. Olvidan los solicitantes que el sistema de peajes hace posible la competitividad del país a través de la construcción de nuevas obras de infraestructura. De ahí, surge una pregunta de fondo: ¿será que el Gobierno, en momentos en que ‘cocina’ una reforma tributaria, estará dispuesto a aumentar la carga impositiva a todos los ciudadanos, para cubrir el déficit que dejaría el hecho de no cobrar los peajes a los usuarios de las vías?
Por lo pronto, mientras se resuelve el interrogante, el segundo asunto que trasnocha a quienes se mueven en el ámbito de la infraestructura tiene que ver con un borrador de decreto que reposa en manos del Gobierno y pretende modificar la normativa o, mejor, la ‘columna vertebral’ de las asociaciones público-privadas (APP). En palabras simples, el documento cambia las reglas del juego a la hora de estructurar una iniciativa privada (IP), por cuanto genera nuevos trámites y condiciones que ponen en riesgo la posibilidad de financiar los proyectos, a través de capital privado, en momentos de afugias fiscales.
Pero, más allá de los detalles, suena paradójico que, por una parte, el Banco Mundial o la prestigiosa revista The Economist hayan destacado, en pronunciamientos recientes, el modelo de APP de Colombia como uno de los más exitosos de la región, y, de otro lado, se pretenda modificarlo, aun cuando, de manera comprobada, hoy el esquema funciona de modo eficiente.
Por último aparecen las preocupaciones, que se desprenden de la nueva ley de emprendimiento: enfatiza en la incorporación de población vulnerable dentro de las denominadas pymes, incluidas aquellas que hacen parte del sector de la infraestructura. Se trata de un propósito incluyente, tan loable como plausible.
Sin embargo, en otro de sus acápites apunta la ley que las empresas, al incorporar dentro de sus nóminas a estos grupos poblacionales, tendrán mayores opciones de hacerse con contratos con el Estado. Y es allí donde empiezan a originarse las inquietudes. La razón es simple: si el hecho de incluir a personas vulnerables no es parte del principio de selección ‘objetiva’, tal y como lo establece el estatuto general de contratación, es evidente que el nuevo requisito impide contratar al oferente más idóneo. En ese orden de ideas, ya no serán necesariamente las adjudicatarias de un contrato de obra pública las compañías aptas técnica o financieramente, sino aquellas que tengan en su planta de trabajo mayor población vulnerable.
Por otra parte, parece contradictorio que la ley busque incentivar el emprendimiento y el fortalecimiento de las pymes, pero al mismo tiempo les genere costos adicionales que no son requeridos para que estas produzcan los bienes y servicios a su cargo. Confiamos, entonces, en que su reglamentación permita superar tan graves escollos.
En fin, lo cierto de todo esto es que hay tiempo para dar un golpe de timón y abrir una discusión encaminada a enderezar el rumbo. Es inevitable: la infraestructura deberá seguir siendo ese motor dinamizador de la economía del país.
JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER
Presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura
