El pasado 14 de enero, a través de su cuenta de X, el presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo, se pronunció sobre los enfoques de inclusión en la contratación pública y destacó que el gremio de la infraestructura ha sido, en los hechos, incluyente. Señaló que las empresas del sector abren sus puertas al talento de todas las regiones, a población vulnerable, a minorías y a personas en condición de discapacidad. No solo por decreto, sino por convicción y mérito.

En ese contexto, advirtió que sorprende un borrador de decreto redactado por Colombia Compra Eficiente que, bajo un argumento aparentemente loable, apunta en sentido contrario: distorsiona el mercado, abre la puerta a la corrupción, presiona el empleo y termina en lo más grave: la mercantilización de personas en condición de discapacidad.

Asimismo, indicó que el texto propone otorgar mayor puntaje en la contratación pública a empresas y emprendimientos de personas en situación de discapacidad, sin evaluar la experiencia, los conocimientos técnicos ni la calidad, lo que podría allanar el camino para concentrar la contratación en manos de muy pocos actores que cumplen los requisitos formales.

“Este despropósito se suma al debate por el aumento del salario mínimo. El efecto combinado resulta conocido y nocivo: mayores costos, menor contratación y despidos. Las malas políticas no se corrigen entre sí, se acumulan”, indicó Caicedo. 

Finalmente, recordó que la alerta no proviene únicamente del sector de la infraestructura. La Superintendencia de Industria y Comercio publicó un documento con observaciones orientadas a evitar que el decreto distorsione la libre competencia, y subrayó que ignorar estas advertencias resultaría irresponsable. “La inclusión real no se impone por atajo ni por puntaje, se construye con reglas sensatas y empleo sostenible”, concluyó el dirigente gremial.