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¡Obras inconclusas!

Obras

Era la vieja usanza. Al menos así lo relatan quienes se han imbuido en los recovecos históricos del antiguo reino de Siam, hoy Tailandia. Según ellos, la tradición de los reyes de entonces era regalar elefantes blancos a aquellos súbditos que, dentro de la realeza, empezaban a generar malestar. Era una manera sagaz de arruinar a los destinatarios de la dádiva, pues por tratarse de un animal sagrado, no podían deshacerse del monumental paquidermo. Pero eso sí: debían asumir los altos costos que demandaba su manutención. El desenlace era el esperado: la ruina.

En Colombia, hoy por hoy, muchos se refieren a las obras de ingeniería inconclusas, justamente, como elefantes blancos. Es común, además, que las asocien con contratistas irresponsables, negligentes o, incluso, corruptos. Tanto es así que, en la actualidad, el país está regido por una ley que allanó el camino para crear el denominado ‘Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas’, un instrumento concebido para identificar, precisamente, las obras de esta naturaleza.

A la luz de los mandamientos legales, hoy las entidades del Estado deben consultar y analizar cuanta anotación repose en el registro de marras. Si, surtidas las pesquisas, encuentran allí alguna firma contratista, deberán hacer efectiva una sanción inapelable: restarle al ‘implicado’ un punto dentro de los pliegos tipo de infraestructura de transporte. La medida, en efecto, podría ser definitiva al momento de adjudicar procesos de contratación.

Si bien la disposición parece, en principio, digna de elogios –entre otras por su espíritu orientado a depurar la mala ingeniería y poner en cintura a los contratistas inescrupuloso– también es cierto que su aplicación ha sido desmedida y, valga decir, injusta. ¿Por qué? La respuesta está contenida en un naipe de tres argumentos técnicos, tan contundentes como merecedores de toda la atención por parte de las altas esferas fiscalizadoras.

El primero de ellos, tiene que ver con la histórica ausencia de planeación de proyectos que ha tenido que padecer el país. Es una verdad de apuño el hecho de que las entidades públicas no cumplen a cabalidad el principio de la debida planeación, incorporado en el Estatuto General de Contratación. Un proyecto licitado sin la suficiente maduración técnica inevitablemente está condenado a convertirse en una obra inconclusa. Esta situación, como es evidente, no es responsabilidad del contratista.

El segundo argumento está relacionado con el ciclo de vida de los proyectos versus los ciclos políticos. Este enunciado bien podría traducirse en las ansias de ciertas administraciones que, arropadas con el manto de la vanidad, pretenden –afanosas– cortar cintas e inaugurar obras antes de que terminen sus periodos. Lo hacen, no obstante, a sabiendas de que los proyectos están inconclusos o inoperantes. Vaya acto de irresponsabilidad. Para nadie es un secreto que la planeación de obras de infraestructura es de mediano plazo y, cuanto más complejas, mayor tiempo demandan.

Finalmente, aparece allí la corrupción que, infortunadamente, aún ronda la contratación del sector. Hay que advertir con preocupación que, pese a la gesta del pliego-tipo, persiste la reprochable práctica entre funcionarios y contratistas que, en una suerte de contubernio, manipulan los procesos para enriquecerse, de manera ilegal, con dineros asociados a los contratos. En estos casos es donde más se evidencian las llamadas obras inconclusas, pues buena parte del dinero a invertir en el proyecto termina en los bolsillos de los participantes de tan execrable conducta.

Así pues, la idea del mencionado registro, aparentemente loable, no soluciona el problema de los elefantes blancos de raíz. De ahí entonces la necesidad de que las entidades contratantes hagan una buena planeación de las obras, que los políticos antepongan los intereses colectivos sobre sus agendas particulares y que los órganos de control sigan aguzando sus sentidos para combatir eficazmente la corrupción. Sin afectar, esto último, al contratista probo y de buena fe.

JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER
* Presidente Ejecutivo de la Cámara
Colombiana de la Infraestructura.