Por: Juan Martín Caicedo Ferrer*.
Es claro que la infraestructura, en aras de reactivar la economía y dinamizar el empleo, es y será el pilar de lo que algunos han denominado el Plan Marshall. Así, lo han dicho propios y extraños. Incluso, lo señaló hace poco el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien aprovechó para recordar que en el presupuesto del próximo año se incluyeron recursos, justamente, para financiar grandes proyectos. La apuesta es de marca mayor. Tanto, que sirvió de pretexto para que el propio Germán Vargas, se preguntara si al cabo de este gobierno habrán avanzado los procesos y trámites que requieren tales obras.
Echar a andar un proyecto de infraestructura, en efecto, demanda tiempo. De ahí, precisamente, que este tipo de iniciativas deben trascender los linderos que marcan los gobiernos de turno, para convertirse así en políticas de Estado, de largo aliento. De ello es consciente el mismo doctor Vargas Lleras quien, durante su periodo al frente de este sector, en calidad de vicepresidente, lideró el lanzamiento del Plan Maestro de Transporte Intermodal (2015-2035), PMTI, una carta de navegación, con proyección de futuro, orientada a alcanzar la ilusión de una Colombia cada vez más interconectada, en un lapso de dos décadas.
Pero más allá de cualquier controversia impregnada de tintes políticos, lo cierto acá es que la dinámica del sector está dando pasos en la dirección correcta. El programa de concesiones viales de cuarta generación 4G, por ejemplo, ya muestra, en promedio, un avance de obra que se aproxima al 50%, adelanto que, en gran medida, obedece al compromiso de los concesionarios y sus contratistas. Adicionalmente, 19 proyectos, incluidos allí, cuentan con contrato de crédito y tres más tienen créditos puente. Y ni hablar de otro de los principales atributos del programa: la generación de 1,2 millones de empleos.
Ahora bien, por el lado del ambicioso programa 5G, compuesto en su totalidad por 24 proyectos multimodales, que requieren de una inversión total de $49,2 billones, el panorama también luce alentador. Su primera ola, conformada por 12 iniciativas estimadas en $18 billones (seis carreteras, tres aeroportuarias, dos fluviales y una férrea) ya cuenta con fuentes de financiación garantizadas, gracias a la ampliación del cupo de las vigencias futuras del último Marco Fiscal de Mediano Plazo.
No muy diferentes lucen las metas que se ha trazado el gobierno en materia de obras públicas. El Invías, tiene dentro de los primeros renglones de su agenda, la tarea de sacar adelante siete programas estimados en $17 billones, los cuales se van a desarrollar en la siguiente década, y tienen como fin, entre otros, la intervención de más de 2.000 km de vías nacionales y 40.000 km en vías terciarias. Sobresalen allí dos interesantes programas: ‘Concluir, Concluir, Concluir’ que demandará recursos por $2,2 billones y ‘Vías para la legalidad y la reactivación’, cuyo monto de inversión será la para nada despreciable cifra de $9,2 billones. Ambos programas, para tranquilidad de muchos, obtuvieron ya la aprobación de sus respectivas vigencias futuras.
Insoslayable, por otra parte, el rol que ya están ejerciendo las principales ciudades del país en el proceso de reactivación. Tanto es así, que en sus planes de desarrollo, las urbes con mayor número de habitantes y sus respectivos departamentos, hoy tienen previsto destinar más de $63 billones para la generación de infraestructura de transporte.
En resumen, acá queda claro que la infraestructura no puede convertirse en asunto de uno u otro gobierno: tiene que ser una política de Estado. Y, sin lugar a duda, es y será uno de los principales motores de la tan anhelada reactivación economía.
Pd. Muchos de los aquí mencionados programas de obra, serán, en efecto, objeto de deliberaciones, en la Semana de la Infraestructura, que se celebrará a finales de este mes.
*Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.
