1. Los documentos de licitación del gobierno no incluyen condiciones o requisitos distintos de las calificaciones técnicas o financieras como condición para participar en el proceso de licitación.

2. La evaluación realizada entre la presentación de ofertas y el proceso de adjudicación del contrato es confidencial.

3. Las funciones regulatorias y de elaboración de políticas del gobierno son desempeñadas eficientemente (por ejemplo, la preparación y divulgación de procedimientos, la emisión de los documentos modelo o estándar de licitación, la resolución de consultas sobre políticas, etc.).

4. Las reglamentaciones son emitidas, en general, únicamente por razones de eficiencia, economía y transparencia, y están libres de la influencia de intereses políticos o de grupos.

5. La calidad del diálogo entre el gobierno y el sector privado es alta y conduce a una mejora sostenida de la eficiencia, economía y transparencia del sistema.

6. Las decisiones y pagos durante la implementación del contrato se realizan eficientemente y de acuerdo con los términos y condiciones contractuales.

7. La resolución de protestas sobre los procesos de la licitación es justa, independiente y eficiente.

8. Las medidas de anticorrupción que el gobierno ha implantado para adquisiciones públicas resultan eficaces para minimizar los riesgos en este sentido.