El Estado se vería obligado a sacrificar inversiones en sectores sensibles como salud, educación, vivienda o justicia.
El pasado 16 de enero, bajo el mandato del decreto 2287 de 2023, entró en vigor la indexación en las tarifas de los peajes del país, tomando como referencia el 13,12%, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2022. Así, la disposición fue el primer paso para normalizar, de manera progresiva, los efectos derivados del decreto 050, el cual congeló -durante todo lo corrido del año pasado- las tarifas de las casetas de cobro.
Ahora bien, para que la estabilización en las mencionadas tarifas sea definitiva, aún queda pendiente que el gobierno proceda a hacer un nuevo ajuste en el cobro de los peajes sobre el IPC del 2023, correspondiente a 9,28%. De no hacerlo, se abrirá un boquete fiscal de $10,8 billones -entre 2024 y 2040- como resultado de no ajustar por segunda vez los precios.
A juicio de Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, resulta inaplazable hacer el ajuste del 9,28% para garantizar la buena construcción, operación y mantenimiento de las carreteras concesionadas del país, las cuales han contribuido de manera exponencial a superar un rezago histórico en materia de infraestructura vial.
“Sobre los hombros del Estado -sobre las finanzas públicas- caería el peso de compensar este hueco fiscal de casi $11 billones. De esta manera, el propio Estado se vería en la penosa e innecesaria obligación -en aras de equilibrar la balanza- de recortar inversiones en sectores neurálgicos como los de la salud, la educación, la vivienda o la justicia”, sentenció Caicedo.
