La propuesta de Gustavo Petro, en materia de infraestructura de transporte y movilidad, se orienta por los pilares estructurantes de sostenibilidad, gobernanza, equidad, seguridad y salud. Se concretará, a la luz del candidato, en las acciones a continuación descritas.
Por: Gustavo Petro Urrego, candidato a la presidencia por el Pacto Histórico.
Con el fin de afrontar retos sociales, ambientales, tecnológicos, energéticos y económicos, se promoverá la modificación de la arquitectura institucional del Ministerio de Transporte, para: a) integrar la gestión de la movilidad y el transporte en las ciudades, de manera más robusta a la que históricamente ha tenido, generando así una política pública para territorios inteligentes, (integración de datos de ciudades/regiones) y de gestión de la infraestructura urbana, el reparto modal (las opciones de viaje que asumen los usuarios) y el consumo energético; b) promover una gestión de movilidad fortalecida, haciendo uso de ITS (Sistemas inteligentes de transporte por sus siglas en inglés) y de su integración en ciudades-regiones, aplicándolo también al monitoreo de condiciones ambientales y gestión y operación de tráfico, y coordinación y gestión de respuesta a desastres, buscando fortalecer tanto las capacidades institucionales en Invías y las entidades territoriales, incluyendo la instalación de estaciones de monitoreo de infraestructura en 500 puntos críticos de la red vial nacional primaria; c) Ampliar el alcance de las funciones del sector de transporte, articulando políticas de transporte, movilidad, infraestructura y gestión de ciudades para integrar las decisiones de ordenamiento, con la oferta de transporte, la provisión ordenada y planificada de la infraestructura y la gestión de la movilidad que cruza aspectos comportamentales, de logística, financiación y de política energética.
En transporte urbano se revisarán y ajustarán los componentes tarifarios, buscando integrar incentivos en la política tarifaria, que cubra el déficit operacional, buscando un transporte sostenible tanto en la modalidad del colectivo (mayoría de ciudades del país) y masivo (mayoría de usuarios de transporte urbano en el país); asumir un papel activo en la creación de una institucionalidad más robusta, promoviendo mayores capacidades técnicas en todos los niveles territoriales y se promoverá la existencia de operadores públicos de transporte.
Para la provisión de infraestructura y proyectos de transporte, se orientará el funcionamiento de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte a la evaluación y análisis de inversiones que disminuyan disparidades espaciales y sociales en las decisiones de infraestructura; contar, vía Colombia Compra Eficiente, con canastas de costos de mercado del transporte que permitan adecuadas decisiones tarifarias; orientar el rediseño de los Sistemas Integrados de Transporte Masivos y los Sistemas Estratégicos de Transporte Público procurando un servicio de calidad para el ciudadano y explorar mecanismos de desestimulo para la competencia de medios particulares y de estímulo para las ciudades que adopten medidas efectivas de gestión del tráfico, que reduzcan la siniestralidad y la competencia con el transporte público.
SE PROMOVERÁ A LA MOVILIDAD COMO UNA
HERRAMIENTA SOCIAL, PARA QUE SE DÉ COMO
ESPACIO DE DISEÑO, APROPIACIÓN E IDENTIDAD
LOCAL; PARA QUE SE DEMOCRATICE EL TRANSPORTE
PÚBLICO Y SE EQUILIBRE LA RELACIÓN SERVICIO PÚBLICO-NEGOCIO
EN LA PRESTACIÓN POR PARTE DE PARTICULARES.
Se promoverán políticas públicas para que el acceso al transporte se materialice en condiciones de calidad, seguridad, oportunidad, asequibilidad y ‘costeabilidad’, eliminando barreras por género, identidad sexual, edad, etnia, discapacidad y niveles de ingreso. La movilidad como derecho para acceder al pleno disfrute de las oportunidades que proveen los territorios.
Se crearán condiciones que faciliten la sustitución de vehículos de combustión interna en las ciudades para disminuir la dependencia del petróleo, así como la disminución de emisiones de los medios que aún no cuentan con oferta electrificada y la vigilancia para que tales emisiones se mantengan de acuerdo con las condiciones de homologación de cada tecnología. Al tiempo, se promoverán acciones para aplicar integración con transporte ferroviario y fluvial y para medir/disminuir la huella de carbono de los desplazamientos en vehículos públicos de combustión interna y para que las entidades nacionales adquieran/operen flota vehicular de bajas emisiones.
Se promoverá a la movilidad como una herramienta social, para que se dé como espacio de diseño, apropiación e identidad local; para que se democratice el transporte público y se equilibre la relación servicio público-negocio en la prestación por parte de particulares.
La regulación deberá reflejar las orientaciones de política en las diversas jerarquías normativas e incorporar elementos de seguridad vial, control y dirección estatales del servicio, respeto a los derechos laborales del talento humano, tecnología para la operación y para obtener información que permita una regulación tarifaria basada en la operación real de las flotas de vehículos y que permita al tiempo una gestión institucional eficiente de las empresas del sector. La conformación de organismos de tránsito contribuirá al ejercicio técnico de la movilidad y no simplemente a la realización de trámites y cobro de multas. Se promoverán líneas de inversión desde la banca pública para el pequeño propietario, que le permita acceder a opciones de crédito para renovación de flota.
