El enunciado resulta tan extravagante como inaudito: ‘conglomerado de gallinas ponedoras se hizo a millonarios contratos para construir vías en Montería’. Y aunque parezca el cabezote de una intrincada novela, es en realidad una reciente denuncia del contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, quien, con arrojo, ha puesto en evidencia las estratagemas que, bajo el manto de la corrupción, han ve- nido usando las mafias para desangrar buena parte de las regiones del país.
Bien ilustra el mencionado caso de Montería el comportamiento histórico que, durante las últimas décadas, se ha dado en algunos municipios y departamentos de la geografía nacional, en donde los procesos licitatorios de obras públicas han sido manipulados para alcanzar un perverso fin: el de saldar deudas políticas.
Pues bien, el 1 de abril del año pasado esa historia, marcada por un halo de sombra, empezó a dar un viraje. La razón obedeció al hecho de que ese día entró en vigor el uso del pliego tipo justamente para las licitaciones de obra pública. Desde entonces, los procesos se surtieron de manera mucho más plural y transparente, y los números así lo demuestran: mien- tras que en 2018 -antes de la entrada en vigencia de la herramienta- el 85% de las licitaciones recibieron únicos oferentes, entre abril y noviembre de 2019-con el pliego tipo en funcionamiento- esa cifra se redujo al 28%.
En palabras simples, lo anterior es muestra fehaciente de que las compuertas de la corrupción, con este instrumento en uso, empezaron a cerrárseles a aquellos que se han valido de la contratación de obras públicas para saciar intereses non sanctos. Hasta ahí, el panorama parece alentador. Y de hecho lo ha sido. Tanto es así que el gobierno, mediante un proyecto de ley que en las próximas semanas definirá su suerte en el Congreso de la República, ahora pretende hacer extensiva la figura del mencionado pliego tipo a otros sectores diferentes al de la infraestructura.
En principio, la iniciativa que tramita el legislativo, luce plausible. No obstante, cuando se hace una revisión juiciosa a su contenido, las preocupaciones que empiezan a surgir no son de poca monta: son realmente alarmantes. Poco antes de que terminara el 2019, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley con un texto cuya redacción, palabras más, palabras menos, deja expresamente claro que en la elaboración de los documentos tipo participarán activamente “las cabezas de los departamentos, los municipios y los distritos”.
¿No es acaso esta la forma de abrir un boquete para que las regiones que históricamente han manipulado la contratación en el país lo sigan haciendo? La respuesta apunta hacia un categórico sí.
Por su parte, quienes argumentan que el pliego tipo coarta la autonomía de los entes territoriales, desconocen que tanto alcaldes como gobernadores seguirán teniendo las mismas facultades de definir en qué clase de proyectos invertir los recursos de sus regiones. La estandarización de los documentos -y esto tampoco es tenido en cuenta por los contradictores del mecanismo- aplica solo para los requisitos de participación en una licitación, de tal manera que el resto de los detalles del proceso son definidos precisamente por el ente territorial.
De ahí entonces la necesidad de que el Congreso, en la instancia de conciliación entre Senado y Cámara, apruebe el proyecto sin los esguinces con los que algunos pocos pretenden volver inocuo este mecanismo y desdibujar su esencia. De no ser así, las mafias enquistadas de la contratación seguirán robándose al país.
Ahora, el rol de la Procuraduría al momento de hacer controles que garanticen la correcta aplicación de los documentos tipo en las regiones, será definitivo. Por lo pronto, del buen juicio del Congreso dependerá entonces el futuro que correrá la lucha contra la corrupción en el país. ¡Vaya responsabilidad!
