Con relación al fallo, proferido recientemente por la Contraloría General de la República, sobre el caso de Hidroituango, que condena en primera instancia a nueve sociedades a desembolsar $4,3 billones por presuntos retrasos y sobrecostos en la ejecución de este proyecto que, valga recordar, generará el 20% de la energía del país, la Cámara Colombiana de la Infraestructura hace las siguientes consideraciones:
• La seguridad energética del país está dependiendo en gran medida del éxito del proyecto Hidroituango. En este sentido, el análisis de las autoridades de control no debe perder de vista las consecuencias que se pueden generar para el interés general, en el evento de que el proyecto se paralice o sufra retrasos, por cuenta de que los actuales contratistas sean objeto de medidas que afecten su capacidad para llevar a buen término la hidroeléctrica. En este escenario, EPM se vería forzada a reabrir un proceso en busca de nuevas empresas, con el músculo para finalizar la ejecución de la megaobra, situación que se constituiría en un retroceso colosal, dado que, en un proyecto de semejante envergadura, el cambio de contratista y la incorporación plena de uno nuevo, puede tomar meses e incluso años.
• Teniendo en cuenta los imprevistos que surgen habitualmente en proyectos de este nivel de complejidad, es probable la necesidad de nuevos plazos y recursos. En virtud de lo anterior, asuntos netamente relacionados con el campo de lo contractual, como los plazos de ejecución de una obra y los costos, no necesariamente deben calificarse como la causa de un supuesto detrimento patrimonial.
• Así las cosas, el gremio de la infraestructura hace un llamado respetuoso a las autoridades de control para que revisen el alcance de sus decisiones y tengan presente el hecho de que su buen tino definirá la suerte de la seguridad energética del país, que al igual que el patrimonio público, son parte del interés general de la nación.
