El gobierno del presidente Petro viene planteando la necesidad de sellar un pacto: una suerte de alianza entre el Estado y los representantes de lo que él mismo ha denominado ‘las economías populares’. En palabras simples, la tesis del mandatario apunta a reconocer –mediante garantías laborales– las actividades de aquellos que hoy se ganan la vida bajo la mirada cómplice de la informalidad.
Al revisar –desde la lente filosófica– el trasfondo de la expresión ‘popular’, es evidente que su significado abarca un espectro tan amplio como variopinto. Son populares, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas del país, concebidas todas ellas por emprendedores y trabajadores que, a fuerza de constancia y convicción, han hecho de sus organizaciones bastión de la economía nacional. De allí justamente surge una oportunidad de oro para que el actual gobierno –cuyas tesis se sustentan sobre la defensa de lo popular– vea a este tipo de empresas como aliadas estratégicas para generar empleo, reducir la informalidad y, por supuesto, dinamizar el crecimiento económico.
Las pymes generan, ni más ni menos, el 40 % del PIB nacional. De igual forma, en ellas trabaja poco más del 80 % de la fuerza laboral de todo el país. Pero si lo anterior no es suficiente, según el Dane, las organizaciones de esta naturaleza representan el 90 % del sector productivo y del tejido económico nacional; incluso, hay estudios que sostienen que este indicador podría alcanzar el 99 %.
Al adentrarse y mirar con lupa el rol de las pymes, puntualmente en el sector de la infraestructura, el escenario parece calcado. En Colombia hay 68.623 empresas de ingeniería legalmente constituidas y de ellas, 68.062 están clasificadas en la categoría de pequeñas y medianas. En el más elemental ejercicio aritmético, lo anterior significa que 99,18 % de dicha industria está conformada, justamente, por las firmas de menor envergadura.
Ahora, en muy buena medida, el universo de pequeñas y medianas firmas de ingeniería –en contravía de lo que muchos perciben– no está asentado en Bogotá. Son departamentos como Putumayo, Chocó, Vaupés, e incluso los municipios más recónditos, donde esas compañías prestan sus servicios, fundamentalmente en actividades asociadas a la consultoría (estudios y diseños) y a la construcción.
Entonces, si son las regiones la plaza natural de las pymes especializadas en infraestructura, son ellas las llamadas a asumir la desafiante tarea de construir y mejorar las vías terciarias que tanto anhela del país. Incluso, podrían hacerlo –como lo ha planteado el Gobierno– en llave con las juntas de acción comunal. Las primeras, bien aportarían su experiencia técnica, mientras que las segundas podrían contribuir en las labores de mantenimiento y rocería.
Es una verdad incontrovertible: son las pequeñas y medianas empresas fuente inagotable de empleo, así como activadoras de la economía, por cuanto generan ganancias a los emprendedores y a sus empleados. Pese a ello, no están exentas de padecer las dificultades financieras que sistemáticamente aquejan a los empresarios. De allí que sea necesario establecer mecanismos que no solo garanticen su subsistencia, sino que las fortalezcan y consoliden.
En línea con esto último, el sector de la infraestructura, con importantes aliados, ya trabaja en la creación de un fondo de financiamiento para apalancar, mediante créditos blandos, a las pymes constructoras y consultoras de ingeniería. Qué mejor coyuntura esta para que el gobierno del presidente Petro apadrine tan loable y necesaria iniciativa.
Las deliberaciones sobre la reforma laboral apenas comienzan. Con toda certeza, la suerte de las pymes tendrá que ser foco central del debate. No cabe duda de que son ellas la médula espinal del tejido socioeconómico del país. Por ello, resulta una obligación de todos protegerlas, velar por su supervivencia y garantizar su rol protagónico dentro de la economía nacional.
JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER
Presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.
