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SOS, Procuradora

Juan Martín Caciedo Ferrer

Fue en 1906. Para mayores señas, en Berlín. Se celebraba entonces la Conferencia Internacional de la Comunicación Inalámbrica en Mar y, al cabo de las deliberaciones, los delegados allí presentes decidieron crear la expresión SOS. Su intención era institucionalizar, mediante trasmisiones telegráficas de código Morse, una señal universal de socorro. Y aunque algunos no están muy convencidos de su origen, existe la creencia popular de que el vocablo provendría de la frase ‘Save our ship’, que en castellano bien podría traducirse como ‘salven nuestro barco’.

En Colombia, hoy por hoy, el navío de la lucha contra la corrupción está bajo amenaza. Ello, por causa de las turbias aguas sobre las que viene navegando parte de la contratación estatal. De ahí, justamente, la imperiosa necesidad de hacer un llamado de auxilio, un SOS, a la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, para que, en su condición de vigía de las buenas prácticas en el sector público, evite a toda costa un naufragio, imperdonable por lo demás, en la batalla contra dicho flagelo.

Las preocupaciones no son de poca monta. Tienen que ver con tres nuevas artimañas, implementadas todas ellas por ciertas entidades del Estado, para manipular la contratación asociada al sector de infraestructura y así rehuir a las virtudes –probadas ya con éxito– de los documentos tipo.

La primera trampa está relacionada con la elusión, precisamente, de los mencionados pliegos tipo, mediante el uso de convenios interadministrativos. Una práctica reprochable mediante la cual algunas entidades celebran este tipo de convenios con empresas industriales y comerciales del Estado, que no están sometidas al Estatuto General de Contratación Pública, para que sean estas últimas las que contraten las obras de infraestructura y de ese modo esquivar, flagrantemente, los mandamientos consignados en la ley. La estrategia es bien conocida en el departamento del Atlántico.

Ahí no se detienen las tretas. En esa misma línea, el segundo mecanismo fraudulento que por estos días hace carrera consiste en la alteración de los documentos tipo, no obstante su carácter inmodificable. Siguen distorsionando, lamentablemente, los requisitos habilitantes para desincentivar, de manera censurable, la participación de proponentes interesados, que en principio cumplirían con los requerimientos exigidos.

Llama la atención, por último, una estratagema que, en contravía de la ley, se vale de criterios subjetivos en el momento de evaluar las ofertas. Ello pone en evidencia una perversa táctica de restricción del mercado y un direccionamiento hacia ciertos oferentes para la adjudicación de los procesos. Así, bajo el abrigo de la subjetividad, en la actualidad están quedando fuera de competencia las empresas más idóneas. Evidentes y sonoros los casos presentados, recientemente, en el departamento de Santander.

Procuradora: el llamado de SOS es de urgencia para prevenir, combatir y sancionar, ejemplarmente, este puñado de artificios tan perjudiciales como inadmisibles. Es clave que las acciones emprendidas por el Ministerio Público y las reconvenciones que de allí se deriven –dada la función preventiva que le compete– sean divulgadas ampliamente y conocidas por la opinión pública, no solo para corroborar la eficacia del despacho a su cargo, sino también para ponerles coto, de una buena vez, a dichas actividades. Importante, además, disuadir a quienes pretendan insistir en ellas.

No permita, por el bien del país, que el barco de las buenas prácticas y de la transparencia termine encallado o, lo que sería peor aún, hundido en las aguas más profundas de la corrupción.

Apostilla. En efecto, el gremio de la infraestructura ha hecho explícitos sus disensos con las esferas del Estado. Así lo sabe el doctor Vargas Lleras: repicaron duro las divergencias de la agremiación sobre los equívocos de la primera licitación de las obras de La Línea. Y públicos fueron nuestros reparos a la licitación del viaducto del km 58 de la vía al Llano.

JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER
Presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, en columna para el periódico El Tiempo.