Los desafíos que ya se asoman por delante de la economía nacional, después del frenazo que deja la llegada del covid-19, no serán de poca monta. Tanto es así, que, en su más reciente proyección, el Banco Mundial habló de una caída del 2 % del PIB para este año. Y aunque el asunto resulta inquietante, el mismo Banco Mundial ha sido enfático en advertir que los proyectos de infraestructura serán, a todas luces, el principal antídoto para hacerle frente a la desaceleración económica.
Así, en concordancia con las recomendaciones del ente multilateral, fue justamente el sector de la infraestructura el llamado a tomar la delantera en lo que tiene que ver con la reactivación paulatina de la economía. El pasado 13 de abril, en línea con los mandatos del Gobierno Nacional, algunos frentes de obra volvieron a abrir sus puertas a cientos de trabajadores que, amparados por los más estrictos protocolos de bioseguridad, se la volvieron a jugar a fondo por el desarrollo, la conectividad y la competitividad del país.
Pero ¿qué implica la reactivación de las obras civiles? Significa, en primera instancia, retomar labores en más 1.000 proyectos cuyo valor supera los 30 billones de pesos. Pero lo más importante es devolverle el oxígeno a un sector que durante los últimos años ha sido motor de crecimiento económico. No es fortuito el hecho de que en el 2019 su crecimiento estuviera por encima del 10 % y su aporte a la generación de empleo, cerca del 7 %. Solo el programa de vías de cuarta generación, por poner un ejemplo tangible, representa 60.000 plazas de trabajo que, incluso hoy, en medio de la tempestad, garantizan el sustento a miles de familias.
Y qué decir del impacto regional que se desprende de la construcción de las vías, los puentes, el espacio público o los sistemas de transporte proyectados para contribuir al desarrollo de los departamentos y municipios: el 26 % de las iniciativas que estaban suspendidas como consecuencia de la coyuntura dependen directamente de entidades regionales o municipales. Así, el aporte en materia de desarrollo económico regional que hace el sector de la infraestructura es innegable.
Es innegable, por otra parte, que, de cara a las profundas cicatrices que dejará sobre la economía nacional el paso del covid-19, el sector de la infraestructura tendrá que ser el principal bastión de una política contracíclica de largo aliento. Para ello, el Gobierno ya puso en marcha la primera ola de las denominadas concesiones 5G, con una inversión de 17 billones de pesos. Y fue, justamente, la reciente publicación de los prepliegos del proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca (accesos Cali-Palmira), cuyo valor supera el billón de pesos, la primera iniciativa de las 5G en dar el banderazo de largada. En total, este paquete de ambiciosos proyectos está constituido por 12 iniciativas enfocadas al transporte multimodal: seis proyectos viales, tres aeroportuarios, dos fluviales y uno férreo. Todo ello con el firme propósito de contar, en el mediano y largo plazo, con mejores índices de competitividad frente a otros países.
Desde el punto de vista estratégico, la futura entrada en operación de este programa permitirá llegar al puerto de Buenaventura con una vía de mejores especificaciones y, de paso, solucionará el embrollo que dejó Odebrecht en la Ruta del Sol II, corredor que, una vez esté finalizado, conducirá al Caribe.
La tormenta amainará. Por lo pronto, el país debe tener la certeza de que el sector de la infraestructura será actor fundamental en la gesta que implicará levantar a una economía maltrecha. Será tabla de salvación.
