- El PND también es terreno fértil para que la contratación especializada quede en manos inexpertas.
- El futuro de las pymes de ingeniería queda en vilo.
En la noche de ayer, tras la aprobación -en el Congreso de la República- del Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) en su último debate, el sector de la infraestructura sufrió un duro e histórico revés.
La razón tiene que ver con la incorporación -dentro del propio PND- de seis artículos que en su conjunto no solo allanan el camino para expandir la corrupción, sino que también abren un enorme boquete para que prolifere la entrega de obras civiles fallidas, con bajísimos estándares de calidad. De igual manera, ponen en riesgo a la industria de las pymes de ingeniería en las regiones y, además, son caldo de cultivo para que la contratación especializada quede en manos inexpertas.
En concreto, se trata de los artículos (79, 98, 99, 277, 351 y 366), disposiciones -tan nocivas como retardatarias- que, a la luz de una mirada transversal, bien podrían constituirse en la desnaturalización de la Ley 80 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública).
Grosso modo, el espíritu de los artículos en mención, contraría abiertamente la selección objetiva de oferentes, pues sus incisos dan vía libre a la contratación directa en favor de ciertos segmentos poblacionales y en detrimento de otros.
Corrupción
Teniendo en cuenta que la aprobación de los referidos artículos en el PND limita la pluralidad de oferentes y coarta la libre competencia en ciertos procesos de contratación con el Estado -por cuanto se promueve allí la contratación directa- es evidente que se abre un espacio para que la corrupción entre a manos llenas cuando de adjudicar un proyecto de infraestructura se trate.
Concentración de la contratación especializada en manos inexpertas
De cara a lo aprobado en el PND, queda claro que ciertos procesos contractuales (amparados bajo la figura de Asociaciones Público- populares) favorecerán a determinados segmentos poblacionales e irán en contra de otros, como las pequeñas y medianas empresas que hoy se asientan en las regiones. Así, en un evidente contrasentido, serán entonces los grupos comunitarios los llamados a realizar labores especializadas y no los ingenieros que son, justamente, los profesionales idóneos para tal fin.
Obras fallidas
Ante la protuberante falta de competencia en los procesos de contratación con el Estado, queda al descubierto que los proyectos no contarán con la planeación requerida (estudios y diseños). Así, con un deficiente ejercicio de planeación, los recursos destinados a financiar la iniciativa nunca serán suficientes. La consecuencia se verá reflejada en obras inconclusas y con muy bajos estándares de calidad.
Muerte de las pymes de ingeniería
La consecuencia que acarrea la aprobación en el PND de los artículos en discusión, bien podría resumirse con una frase lapidaria: el fin de las pequeñas y medianas empresas de ingeniería del país. La razón tiene que ver, precisamente, con todos los argumentos aquí expuestos y que se relacionan con la falta de competencia, la concentración de la contratación en manos inexpertas y la proliferación de contratos permeados por la corrupción.
El enfoque erróneo de los mencionados artículos estimula, en síntesis, la mediocridad técnica, e incluso el fracaso de las obras, pero además tira por la borda la conquista histórica de los pliegos-tipo (Ley 1882 de 2018), que evita las licitaciones amañadas y propende por la pluralidad de oferentes en las mismas.
*Los números de los artículos acá referidos, eventualmente podrían cambiar en el texto resultante de la conciliación entre Senado y Cámara. El documento se dará a conocer en las próximas horas.
