Quienes conocen al curtido senador liberal Mario Alberto Castaño saben de sobra que se trata de uno de los grandes caciques electorales del Eje Cafetero. Su cauda política, diseminada en poco más de cinco departamentos del país, ha sido vitrina luminosa para que hoy muchos lo identifiquen como ‘el senador de las regiones’. Ese, incluso, fue su eslogan de campaña, el mismo sobre el cual cabalgó galopante hacia la reelección que, con creces, logró en los comicios del pasado mes de marzo.
Su nombre –célebre en Risaralda, Cauca y, por su puesto, en las montañas de su natal Caldas– hoy luce descolorido por causa de un rosario de señalamientos que, a la luz de hechos conocidos, presuntamente lo involucrarían en una truculenta red orientada a desfalcar al Estado. Dicen los expedientes del caso que su estratagema, aparentemente, apuntaría a direccionar –en una suerte de contubernio con alcaldes municipales y ciertos contratistas– multimillonarios procesos contractuales a cambio de fortalecer su caudal electoral y obtener jugosos réditos económicos.
En la más elemental revisión del Código Penal, las peripecias del congresista bien se ajustarían a un manojo de presuntos delitos que irían desde concierto para delinquir o interés indebido en la celebración de contratos, hasta tráfico de influencias de servidor público y corrupción del sufragante. En fin... menuda tarea la que recaerá sobre los hombros de la administración de justicia, para establecer las verdaderas responsabilidades del senador de marras.
Por lo pronto, mientras los tribunales se pronuncian, resulta complejo entender que, en este preciso instante, cuando el país se apresta a vivir una transición histórica –ad portas de elegir presidente y en vísperas de instalar un nuevo Congreso–, los actos de corrupción sigan catapultando a aquellos que, paradójicamente, son los llamados a encarnar una lucha frontal contra este flagelo. Así, ¿dónde puede quedar depositada, entonces, la confianza de quienes claman, con justa razón, por la transparencia como rectora de las instituciones del país?
Ponen en evidencia, episodios de esta naturaleza, las protuberantes grietas que se extienden sobre nuestro sistema democrático. Cizalladuras que se ven reflejadas en el ineficiente funcionamiento de los partidos que, en muchas ocasiones, permiten la elección o, incluso, la reelección de cuestionados políticos. El fenómeno ocurre porque algunas organizaciones partidistas, a la hora de elaborar sus listas para las elecciones, optan por privilegiar el caudal de votos sobre la decencia y la moral que, a fin de cuentas, son los dos rasgos que deben caracterizar a los personeros de la política.
Esa ausencia de rigor ético en la confección de las listas de candidatos dentro de los cuerpos colegiados trae consigo nefastas consecuencias. Por ejemplo, la reprochable y reiterada costumbre parlamentaria de canjear el voto a favor de proyectos oficiales, a cambio de prebendas burocráticas que a veces resultan, incluso, en la entrega de organismos del Estado para saldar deudas con el parlamentario sumiso.
Es también conocida la non sancta costumbre de ciertos congresistas, encaminada a buscar partidas económicas para las regiones, no solo para pescar el dividendo político que de ello se deriva, sino también para que los contratos de las obras respectivas vayan con el ‘burro amarrado’ de los contratistas amigos.
Pareciera, lamentablemente, que el Estado de derecho, la justicia, los entes de control, e incluso muchos electores y órganos de gobierno aquí comprometidos estuviesen mirando con desdén, la moralidad también en vilo, con toda suerte de complicidades. De esta manera se están desvirtuando, a pasos agigantados, los cimientos de las instituciones democráticas.
JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER
* Presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura
