Por: Juan Martín Caicedo para el periódico El Tiempo.
Se inicia el segundo semestre del año con una discusión que bien parece entrar, por estos días, en su recta final: la reforma tributaria. Se trata, en esencia, de una iniciativa que busca recaudar $ 15 billones para atender los no pocos desafíos que plantea la crisis social, así como para garantizar la estabilidad fiscal del país y, por supuesto, reactivar la maltrecha economía.
Así, de ver luz verde en el Congreso de la República, los dineros resultantes de la tan anunciada reforma se constituirán en una suerte de bálsamo para alivianar las afugias fiscales. A ello habría que sumar el hecho de que el Gobierno no ha sido tímido a la hora de vislumbrar el crecimiento del PIB para este 2021; tanto es así que, hasta el momento, se ha jugado la carta de un 6 %, augurio para nada despreciable.
En resumen, los vientos que empiezan a soplar brindarán, al parecer, el impulso que necesita el país para recuperar una economía debilitada y dinamizar el crecimiento, paquidérmico hay que decir, del último año, como consecuencia de la coyuntura. Para ello, para ‘jalonar’ el desarrollo de la economía, es precisamente el sector de la infraestructura una de las piezas insoslayables. De la necesidad, entonces, de ratificar como punta de lanza al renglón de las obras civiles, de cara al imperativo del crecimiento económico, deben prenderse las alarmas en relación con un asunto que no es de poca monta y que, de no ser corregido a tiempo, podría torpedear dicho propósito.
Pero ¿en qué radica la preocupación? Tiene que ver con el hecho de que los cuantiosos recursos que reposan en las arcas de los entes territoriales por concepto de regalías no tengan una destinación clara para lo que bien podría ser el mantenimiento y mejoramiento de vías secundarias y terciarias. Dineros que, letárgicos, parecen estar durmiendo el sueño de los justos.
El asunto se reduce a un simple ejercicio de aritmética. El Sistema General de Regalías cuenta, para la vigencia 2021-2022, con una partida de $ 15,3 billones para que departamentos y municipios, como bien lo expresa la ley, financien –entre otros sectores de la economía nacional– infraestructura de transporte (vías terciarias y secundarias). No obstante, se ha convertido en pan de cada día el hecho de que varias entidades territoriales arrojen, en sus balances presupuestales, significativos saldos sin ejecutar. En otras palabras, eso significa que cuentan con recursos, provenientes de las regalías, para financiar proyectos, pero no lo hacen.
Lo anterior, sin embargo, no es un fenómeno nuevo. Es evidente que a lo largo de los años la inversión en vías rurales ha sido deplorable. Para confirmarlo, solo hace falta darle una mirada a un estudio de Fedesarrollo, según el cual el país ha invertido para dicho fin, en los últimos 30 años, apenas el 0,01 % del PIB; es decir, la irrisoria cifra de $ 100.000 millones al año. Tan neurálgica entonces es la necesidad de volcar los ojos hacia las vías terciarias, que el propio Gobierno, en cabeza del director del DNP, incluyó este ítem dentro de las acciones estratégicas para carear la crisis.
De ahí, pues, el llamado a gobernadores y alcaldes para que vean en las regalías una oportunidad de oro orientada a mejorar las vías terciarias de sus departamentos y municipios. Entre otras, porque el nuevo marco reglamentario del Sistema General de Regalías permite a las autoridades locales formular, viabilizar y presentar proyectos directamente, sin necesidad de someterlos al escrutinio del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad), como ocurría anteriormente.
Pues bien, hay tiempo para corregir el rumbo. El país parece haber entrado finalmente en la senda de la recuperación económica. Por eso es tan importante, dado el rol de la infraestructura, que gobernadores y alcaldes no permitan que las regalías se esfumen por los recovecos de un agujero negro.
