La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, habló con Infraestructura & Desarrollo sobre el balance del sector transporte en el primer año de Gobierno. Explicó, entre otras cosas, que preparan primera versión del Proyecto de Ley estatuaria de consultas previas que será socializada en los próximos días.
Infraestructura & Desarrollo: ¿Cuál es el balance de este primer año de gobierno en materia de infraestructura de transporte?
Marta Lucía Ramírez: El balance es positivo, desde la Vicepresidencia de la República, se creó mediante decreto 2163 de 2018, la Comisión Intersectorial para los proyectos de Infraestructura de Transporte para la coordinación integral y orientación superior de las funciones de las entidades públicas que participan en la estructuración, financiación, contratación y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte en el país.
I&D: ¿Con qué objetivo se creó esta Comisión?
MLR: Su principal objetivo es articular las entidades públicas que tienen relación con los proyectos de infraestructura de transporte en el país, coordinar y orientar la planeación integral y el seguimiento a la ejecución eficiente de los referidos proyectos. Gracias al liderazgo que hemos ejercido, se ha dado inicio de obra a 22 de 29 proyectos que se consideraban inviables por sus diferentes problemas de consultas previas, licencias ambientales, compra de predios, cierres financieros entre otros. Es decir, estamos generando 69.862 empleos, esto nos lleva a un total aumento de la competitividad, la conectividad y por supuesto de la calidad de vida (por reducción de tiempos). Además de estos 29 proyectos de concesiones viales 4G, estamos estudiando una ruta clara para nuevas fuentes de pago que nos permitirán modernizar nuestra infraestructura de transporte multimodal. Esto nos da la certeza de poder concretar megaproyectos como el del Canal del Dique.
I&D: Después de dar a conocer el plan de reactivación del sector transporte, ¿cuál es el avance de los proyectos de cuarta generación?
MLR: Vale la pena mencionar que cuando entramos al gobierno solamente nueve proyectos de 29 tenían niveles de avance aceptables, hoy tenemos 22 funcionando, reactivando uno de los rubros más importantes de la economía nacional. Los resultados se han podido materializar en cifras. El Dane ha demostrado que la producción de concreto premezclado -uno de los principales insumos de los proyectos de infraestructura- pasó de 118.000 m3 en febrero de 2018 a 166.000 m3 en febrero de este año. En relación con el crecimiento del sector construcción de obras civiles, en el cuarto trimestre del año anterior logramos cambiar la tendencia negativa que se venía presentando durante varios trimestres consecutivos y obtener un crecimiento del 5,5%. Todo lo anterior, está implicando la contratación de más de 35.000 personas. En términos generales, hay avances significativos en estos meses. Por ejemplo, los cierres financieros de los proyectos Bucaramanga- Barrancabermeja-Yondó, Mar 1, Pasto Rumichaca y Mar 2. Se pretende que, al finalizar este año, también contemos con los cierres financieros de Puerta de Hierro-Cruz del Viso, Pamplona-Cúcuta, Accesos Norte y Vías del Nus. Asimismo, se logró el desbloqueó del proyecto 4G Villavicencio- Yopal, gracias a un acuerdo logrado con el concesionario que permitió iniciar su etapa de construcción que incluye la doble calzada Villavicencio-Cumaral, Agua Azul-Yopal y el nuevo puente del Charte. Estas obras debieron haber iniciado desde septiembre de 2016. Continuamos con la entrega de los 17 km de doble calzada entre Malambo y Galapa de la Circunvalar de la Prosperidad, perteneciente al proyecto 4G Cartagena-Barranquilla. Además, se terminaron 14 km de doble calzada en el proyecto Pacífico 2, que va desde La Pintada a Puente Iglesias e incluye la variante la Pintada y la intersección a desnivel en Puente Iglesias. Este proyecto hace parte del corredor que conecta Medellín con el sur del país y el puerto de Buenaventura. Por su parte, Girardot-Honda-Puerto Salgar será el primero del programa 4G que finalice su proceso de construcción, previsto para noviembre de 2019. Cuenta con cinco unidades funcionales de las cuales a la fecha se tienen cuatro completamente finalizadas. Este proyecto tiene una extensión de 191 km y contará, en total, con 49 puentes vehiculares. En el proyecto Neiva-Espinal-Girardot próximamente se finalizará la etapa de construcción de la segunda calzada entre Flandes y Espinal, que comprende 3,5 km de vía nueva, 8,4 km de segunda calzada adosada y 15,7 km de rehabilitación. Hemos dado también soluciones a grandes problemas que tenían proyectos como la Transversal del Sisga y Conexión Norte. En Santana-Mocoa-Neiva, el concesionario presentó un plan remedial para subsanar los incumplimientos contractuales que tiene este proyecto con un porcentaje de ejecución del 5,2% cuando el contrato exige que vayan en más del 94%. Con dicho plan remedial, entrará un nuevo inversionista en condiciones óptimas de ejecutar el contrato.
I&D: Aún persisten dificultades en materia de gestión contractual en el programa 4G. La CCI y el gobierno definieron una política para atender, justamente, estas dificultades. ¿Qué ha pasado con los lineamientos establecidos en dicha política?
MLR: En el desarrollo de los contratos de concesión, contratos de largo plazo con inversiones billonarias y obras diversas y de gran magnitud, el reto será siempre superar las dificultades y que estas se conviertan en lecciones aprendidas para el mismo proyecto u otros similares. En el último año, hemos logrado detectar las falencias que tenían los contratos de 4G, pero también trabajamos en potencializar las herramientas que estos nos brindan para lograr el éxito de los proyectos. La transparencia en el manejo de la información a través de la creación del Gestor de Proyectos de Infraestructura (GPI), la creación de veedurías ciudadanas para el seguimiento de los proyectos, el llegar al territorio como un Estado que se articula para llevar soluciones y acercarnos mucho más a las regiones, generando que las comunidades se apropien de sus obras, han sido factores fundamentales en el Gobierno para reactivar este programa de infraestructura que transformará la forma como los colombianos se conectan.
I&D: ¿Cómo avanza el desarrollo de proyectos de obra pública?
MLR: La terminación de las obras estratégicas para la conectividad vial del país ha sido uno de los principales objetivos, en tal sentido desde agosto de 2018, con el liderazgo del Ministerio de Transporte y el Invías, se garantizaron recursos por $870.000 millones -distribuidos en las vigencias 2019 y 2020- para la terminación de los proyectos Cruce de la Cordillera Central (doble calzada Cajamarca-Calarcá), construcción del nuevo Puente Pumarejo, el nuevo corredor binacional La Espriella-Río Mataje,el nuevo Puente de Honda y la segunda calzada entre Armenia y el aeropuerto. Estos proyectos avanzan y una vez concluidos, se pondrán en servicio más de 60 km nuevos de vía con obras de dobles calzadas, puentes de gran magnitud y túneles que mejorarán la conectividad y competitividad. Las obras que ejecuta el Invías han permitido la continuación de proyectos vitales para la competitividad del país como lo es la Troncal del Magdalena Medio, esta obra con una inversión de $370.000 millones, en la que se habilitarán más de 50km de doble calzada, tiene un impacto directo en la reducción de los costos de operación vehicular y mejora las condiciones de seguridad vial.
I&D: En este sentido, ¿cuándo se contaría con obras primordiales para el país como el Puente Pumarejo y el túnel de La Línea?
MLR: Para el caso del nuevo puente sobre el río Magdalena su terminación y puesta en servicio están previstas para el 31 de diciembre de 2019. A la fecha, el nuevo puente presenta un avance total de obra del 86% y un avance en el tablero central del 96%, equivalente a 2.084 m. Por su parte, la finalización del túnel de la Línea, que tiene un avance de 96%, está prevista para finales del 2020 y su puesta total en servicio será para el primer trimestre de 2021.
I&D: Aunque contractualmente existen plazos dentro de los cuales las partes deben responder a requerimientos, en ocasiones, se ha evidenciado que las entidades contratantes superan estos tiempos de respuesta pactados, ¿cómo hacer para que las respuestas de las entidades se den de forma oportuna y, en consecuencia, se agilice la ejecución de los proyectos?
MLR: Como le comentaba anteriormente, la Vicepresidencia de la República dio origen a la Comisión Intersectorial para los Proyectos de Infraestructura y Transporte. No obstante, es importante tener en cuentaque las solicitudes de los contratistas y originadores a las entidades contratantes abarcan diferentes temáticas y se trata de proyectos cuya inversión en capex puede ser de hasta $3 billones. En esa medida, hay que tener en cuenta que las entidades se pueden tomar un término prudencial para la compilación de información de distintas áreas y evaluación de las diferentes solicitudes.
I&D: ¿Cómo avanza la expedición de la ley estatutaria de consultas previas? ¿Qué plan tiene el Gobierno para sacar adelante esta normativa tan necesaria para el sector?
MLR: La expedición de la ley estatuaria de consultas previas avanza según los plazos establecidos en el momento que se decidió fortalecerla. Para sacar adelante esta normativa, el Gobierno ha ideado una estrategia de fortalecimiento con tres enfoques: institucional, financiero y legal. En el ámbito institucional, para remediar las falencias de la arquitectura de la Dirección de la Consulta Previa, hemos determinado que la solución más certera es la creación de dos grupos internos de trabajo del Ministerio del Interior que permitan una mayor productividad, agilidad y eficacia. A hoy ya recibimos el acto administrativo de viabilidad del traslado presupuestal por el Ministerio de Hacienda para la creación de estos equipos de trabajo. También nos pareció pertinente la creación de una dependencia interna con autonomía administrativa y financiera sin personería jurídica, la entrega del estudio para su creación está prevista para el mes de octubre del presente año. Debido al alto número de procesos consultivos activos registrados, consideramos necesario crear nuevas fuentes de financiamiento. Por esto resolvimos crear la tasa por la realización de la Consulta Previa que podrán encontrar en el artículo 161 de la Ley 1955 de 2019. El decreto que va a reglamentarla está actualmente para estudio de la Mesa Técnica que lidera la Alta Consejería para la Competitividad y para la Gestión Pública. Además, estamos analizando la creación de un fondo de patrimonio autónomo mediante una fiducia mercantil. Por último, en materia legal, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior se encuentra desarrollando la primera versión del Proyecto de Ley estatuaria que será socializada en los próximos días, y, posteriormente, estimamos aprobar el proyecto de ley en una legislatura por mandato constitucional en junio de 2021.
I&D: ¿Cuál es el plan del Gobierno para superar y evitar que se repitan las dificultades presentadas recientemente en las vías del país?
MLR: Los inconvenientes de cada uno de los proyectos nos permiten identificar las falencias y consolidar un mejor futuro. Actualmente, estamos fortaleciendo la estructuración de todos los proyectos de concesión para asegurar que se contemplen la mayor cantidad de variables posibles y evitar contingencias. Todos los proyectos de concesión, sin importar de que se trate de iniciativas públicas o iniciativas privadas, deben tener un análisis integral de los diferentes factores que impactan la debida ejecución de sus contratos, desde asuntos sociales, ambientales, económicos hasta la atención de inestabilidades en las vías por factores exógenos al contratista. Además, el Ministerio de Transporte, en conjunto con la Agencia Nacional de Infraestructura, trabaja en un nuevo documento Conpes que pueda recoger las bondades de nuestra experiencia en materia de concesiones y prevenir los obstáculos a los que nos hemos visto enfrentados. Asimismo, una vez suscritos los contratos se debe asegurar una debida gestión contractual por parte de las entidades contratantes. De esa manera se evita una parálisis de los proyectos por falta de toma de decisiones al interior de estas.
I&D: ¿Qué nuevas iniciativas en materia férrea estudia el Gobierno?
MLR: A la par de la ejecución del actual contrato de obra pública por el corredor La Dorada- Chiriguaná, las firmas Gómez Cajiao y Setec Colombia realizarán, a través de un contrato de consultoría con la ANI, la estructuración técnica de una nueva concesión a largo plazo de este corredor férreo. El objetivo es rehabilitar y operar el corredor en su totalidad para que se puedan realizar operaciones con trenes modernos desde La Dorada hasta Chiriguaná y de allí hasta Santa Marta. Cabe destacar que la entidad también proyecta en el cuatrienio poner en operación comercial 657 kilómetros de vía férrea.
I&D: ¿En el modo portuario qué se prepara?
MLR: En los últimos meses, logramos la firma del contrato de concesión de Puerto Bahía Colombia de Urabá y el otorgamiento de la concesión del Puerto Pisisi, ambos ubicados en la zona del Golfo de Urabá. Lo anterior, con el objetivo de continuar ampliando esa capacidad y de cumplir con el enfoque territorial propuesto en el PND para cerrar las brechas sociales y regionales y atender integralmente las necesidades de cada región.
I&D: ¿Y en el aéreo qué tendremos?
MLR: Se están adelantando trámites de estructuración para las iniciativas privadas (IP) de ‘Aeropuertos del Suroccidente’, la cual integrará en una concesión las terminales de Cali, Armenia, Ibagué, Neiva y Buenaventura, donde se realizarán obras de modernización, operación y mantenimiento; asimismo, están también en gestiones finales la nueva ampliación del Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, la modernización de los Aeropuertos Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés y El Embrujo de Providencia; y el Campo de Vuelo (pistas) del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Adicionalmente se encuentran los proyectos que se tienen previstos a contratar en 2019 y 2020, también se están tramitando otras APP como la Ciudadela Aeroportuaria de Cartagena y el APP del río Magdalena y Canal del Dique, entre otros.
I&D: ¿Cree que la reciente ley de financiamiento ha contribuido o contribuirá en la consecución de recursos para amparar las vigencias futuras de los diferentes proyectos de infraestructura a cargo de la nación?
MLR: Uno de los factores que incidirá fuertemente en la aceleración de la inversión privada son las medidas contenidas en la Ley de Financiamiento, que generarán una fuerte reducción en la carga tributaria empresarial. El impulso generado sobre el crecimiento económico contribuirá significativamente al proceso de consolidación fiscal que adelanta el Gobierno Nacional. Se estima que se traducirá en mayores ingresos tributarios en una magnitud que oscila desde 0,1% del PIB en 2019, 0,4% del PIB en 2022 y 0,7% hacia 2030. Este efecto es creciente en el tiempo, en la medida en la que se estima que hay una diferencia permanente de la tasa de crecimiento de la economía. Cabe recalcar que, de acuerdo con el principio de unidad de caja, y dado que la Ley de Financiamiento no creó una destinación específica de los recursos. Sin embargo, al momento de la programación presupuestal, el Gobierno prioriza los recursos para atender los compromisos de vigencias futuras, mayoritariamente proyectos de inversión en infraestructura como las vías 4G, sistemas de transporte masivo, construcción de redes de acueducto y alcantarillado, entre otros.