Afiliados a la Cámara Colombiana de la Infraestructura eligieron hoy, en Asamblea Anual de manera no presencial, su nueva junta directiva para el periodo 2021-2022.
Durante el encuentro fue presentado el balance de la gestión del año 2020 en cabeza del presidente Ejecutivo del gremio, Juan Martín Caicedo Ferrer. Asimismo, el líder gremial expuso las principales amenazas a la política de infraestructura:
1. Peajes y transformación vial, de 99 peajes, 91 tuvieron un incremento igual o menor al IPC. Algunas estaciones no lo tuvieron. Cuatro, por su parte, tuvieron un incremento mayor al indicador en mención, en virtud de las condiciones de financiación de los proyectos, y una de ellas por culminación de la etapa de construcción. Vale la pena resaltar, indicó Caicedo, que los beneficios de la infraestructura de transporte se ven reflejados en ahorros en tiempos y costos de operación.
2. Proyecto de Decreto que modifica el régimen de las iniciativas privadas, el cual no permitirá promover el desarrollo de infraestructura social a través de IP. Así las cosas, el Estado debería asumir una decisión de inversión que permita remunerar, a través de vigencias futuras, el 100% de los recursos aportados por el sector privado.
3. Los inconvenientes de la Ley de emprendimiento, esta Ley genera puntajes adicionales y nuevos factores de desempate, con el propósito de adjudicar contratos estatales, relacionados con la vinculación laboral de grupos poblacionales vulnerables. “La Ley 1618 de 2013, ya había generado un antecedente de consecuencias funestas frente al grupo de personas en situación de discapacidad, el cual ha sido explotado por los “mercaderes de discapacitados”, para ser ofrecidos a los empresarios, sólo con el fin de obtener el puntaje que les permita ser adjudicatarios de los contratos”, indicó Caicedo.
4. Contratación a través de entidades sometidas al derecho privado, algunas entidades estatales, especialmente en las regiones, celebran convenios interadministrativos con personas públicas y privadas no sometidas al Estatuto de Contratación, para que a través del derecho privado se contraten a los ejecutores de los estudios, diseños y obras de infraestructura, vulnerando así, el principio de transparencia: los adjudicatarios finales de la mayoría de tales procesos, son proponentes únicos. Por lo anterior, la CCI ha sugerido al Gobierno la inclusión de un artículo en el mencionado proyecto de ley de transparencia, que permita ponerle coto a tan funesta práctica.
5. Amenazas a la seguridad jurídica del sector, en las dos últimas legislaturas se han presentado casi un centenar de iniciativas legislativas con impacto en el sector de ingeniería e infraestructura de transporte. “El gremio reitera el imperativo de preservar la seguridad jurídica del sector, para evitar cambios repentinos de las reglas al momento de contratar o financiar obras y servicios de ingeniería”, concluyó el dirigente gremial.
Finalmente, se procedió a la elección de la Junta Directiva de la Presidencia Nacional. Así las cosas, a partir de este mes y hasta febrero del próximo año estará conformada por:
- Constructores: Mario Huertas de MHC; Yamil Sabbagh de Yamil Sabbagh Construcciones y Andrés Largacha de Constructora Colpatria.
- Consultores: José Joaquín Ortíz de Joyco; Xavier Laloum de Gómez Cajiao y Miguelángel Bettin de Servinc.
- Concesionarios: Menzel Amin de Autopistas de la Sabana; Catalina Greidinger de Accenorte y Mauricio Ossa de Odinsa.
- Proveedores: Carlos Umaña de Brigard & Urrutia; María Juliana Mora de Bancolombia y Alejandro Ramírez de Cemex.
