La inversión en obras será la mejor herramienta para encarar una baraja de enormes desafíos.
Invertir 0,5 % del producto interno bruto (PIB) en infraestructura de transporte, durante los próximos 10 años, aumentaría la tasa de crecimiento económico en 0,8 puntos porcentuales por año. Así quedó evidenciado en un reciente estudio elaborado por Fedesarrollo para la Cámara Colombiana de la Infraestructura.
Para llegar a esa conclusión, el centro de pensamiento cuantificó el costo asociado a 28 proyectos, identificados por la propia Cámara, en corredores terrestres, férreos, fluviales y aéreos. Este paquete de obras prevé la culminación estratégica de los corredores de comercio exterior hacia las dos costas y, además, hace parte del Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015-2035.
Al sumar el valor de las iniciativas allí priorizadas, el resultado arroja una cifra para nada despreciable: $ 54 billones, ni más ni menos, a precio de 2019.
La pregunta que surge es evidente: ¿cómo financiar semejante apuesta? Pues bien, del conjunto de proyectos mencionados, 15 serían de iniciativa pública y su financiación se daría con recursos del Gobierno ($ 28,2 billones). Por su parte, los 13 proyectos restantes harían parte de las denominadas IP, iniciativa privada, lo cual significa que no tendrían fuentes públicas de financiamiento ($ 25,9 billones). Con base en esto fue, justamente, que se calculó el aumento de la tasa de crecimiento arriba mencionada.
De ejecutarse cabalmente este paquete de obras, como lo anhela el país, el tamaño del choque alcanzaría su punto máximo en 2023 y 2024, justo los dos años durante los cuales la inversión ascendería a 1,1 % del PIB. Una alentadora proyección, más aún si se tiene en cuenta que ello redundaría en un crecimiento económico de 1,5 puntos porcentuales por año. Vale la pena aclarar, eso sí, que estos resultados no incluyen las ganancias en productividad y PIB potencial derivadas de una mayor capacidad y eficiencia de la infraestructura de transporte instalada, por lo que se pueden interpretar como una cota inferior a los impactos en materia de crecimiento.
Adicionalmente, el aumento de inversión en obras civiles se traducirá en generación de empleo. Las cifras son demoledoras: 159.000 plazas de trabajo directas al año, únicamente en la etapa de construcción. En otras palabras, lo anterior equivaldría a la creación de 1,5 millones de puestos de trabajo directos en toda la década. Ello sin tener en cuenta los empleos indirectos que se generarían durante el mismo periodo: cerca de un millón.
En lo que tiene que ver con la tasa de pobreza se vislumbran halagüeños resultados: habría una reducción de 0,5 puntos porcentuales en dicho indicador, lo que significa que anualmente alrededor de 246.000 personas saldrían de esa condición, con un máximo de reducción de alrededor de 434.000 individuos entre 2022 y 2023. Este fenómeno ocurriría en el preciso instante en que se dé el mayor crecimiento económico, gracias a la ejecución de los proyectos ya referidos.
Esta cascada de reconfortantes cifras pone de manifiesto la importancia de jugársela a fondo por la infraestructura, para no solo inyectarle dinamismo a la economía nacional, sino para aprovechar su utilidad como instrumento contracíclico en esta compleja coyuntura. Al ser un sector con amplia presencia territorial, que puede operar en diversas locaciones geográficas e impactar una variedad de modos de transporte, se convierte en un motor fundamental para la generación de valor agregado y empleos en el corto plazo.
Lo anterior es especialmente importante de cara a la actualidad económica del país, en donde el crecimiento ya se está impactando negativamente por causa de los efectos del covid-19 y los bajos precios del petróleo. Así, pues, la inversión en obras será la mejor herramienta para encarar una baraja de enormes desafíos: reactivar el crecimiento, aumentar el empleo y reducir la pobreza. Será, sin duda alguna, una respuesta a la crisis.
JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER
Presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura
