En el discurso de clausura del XVI Congreso Nacional de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, (CCI), le planteará al gobierno la protocolización de un “Gran pacto nacional por la infraestructura” orientado a terminar de implementar un sistema de transporte intermodal robusto y, por su puesto, a garantizar los recursos para tal propósito.
A continuación los principales puntos contenidos en las palabras de cierre de Caicedo Ferrer:
Un gran pacto nacional en pro de la infraestructura
Los empresarios de la ingeniería, a través de la CCI, propondrán al gobierno y al país entero la protocolización de un ‘gran pacto nacional en pro de la infraestructura’. Según Caicedo Ferrer, “ese propósito debe estar inspirado, claro está, en la necesidad de implementar un ambicioso sistema de transporte intermodal, en la urgencia de llegar a los puertos con buenas carreteras y, por supuesto, en la búsqueda inaplazable de los recursos que hacen falta para consolidar tales logros. La competitividad del aparato productivo depende, no cabe duda, de tal cometido. Ese gran pacto también hará viables al crecimiento continuo de la economía y al bienestar colectivo”.
Mesas de trabajo ANI y CCI para mejorar la gestión de los contratos del 4G
A partir de un diagnóstico de la gestión contractual del programa de cuarta generación de concesiones viales (4G), elaborado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), se conformaron mesas de trabajo, ANI y CCI, para abordar los asuntos que, de manera directa, tocan la fibra de los concesionarios; por ejemplo, la coordinación interinstitucional, los tiempos de respuesta de la misma ANI, la correcta interpretación de algunas figuras contractuales como los denominados eventos eximentes de responsabilidad y la suspensión de la retribución a la que tienen derecho los concesionarios por cuenta de trámites prediales o ambientales.
Aunque aún no se conocen los resultados de las discusiones, el presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo Ferrer, confía en que la capacidad de concertación conjunta -ANI y gremio- llevarán estas mesas de trabajo a buen puerto. “Confío en que los resultados de este ejercicio se verán reflejados en soluciones integrales que, a la postre, redundarán en una gestión mucho más expedita y eficiente de los contratos del 4G. De ahí la necesidad, entonces, de plasmar en un documento de política pública cada uno de los acuerdos resultantes de estas discusiones, una vez llegue el momento”, señaló el dirigente gremial.
El impacto socioeconómico del sector
Los resultados del DANE mostraron que la economía creció, durante el tercer trimestre, un 3,3% y fue, justamente, el PIB de obras civiles el que mayor incremento reportó, con un 13%. Esto, hay que decirlo sin ambages, es la demostración de que el renglón de la infraestructura está tomando la delantera en materia económica y, de paso, se ha convertido en su principal ‘jalonador’.
A estas aplastantes cifras se suma el impacto socioeconómico del sector: solo con el programa de vías 4G, se han generado más de 60.000 plazas de trabajo, lo cual se constituye en un aliciente de desarrollo para las regiones en donde las concesiones se reconocen como una fuente de empleo estable, digno y formal.
Nuevas fuentes de financiación
No obstante el halagüeño panorama hasta aquí descrito, es evidente que las condiciones fiscales del país, durante los últimos años, no han sido las mejores. Hay, en efecto, dificultades presupuestales que, de cara al futuro, bien podrían poner en vilo la ejecución de nuevos proyectos estratégicos para el crecimiento y el comercio exterior.
De ahí entonces, la necesidad de barajar alternativas para la consecución de recursos frescos, provenientes de nuevas fuentes. Voces autorizadas, a las cuales nos sumamos, han sugerido, por ejemplo, la enajenación del 8,5% de Ecopetrol para tal fin. Connotados expertos y analistas también proponen hacer lo mismo con la participación del Estado en la generadora eléctrica ISA.
Cualquiera que sea el camino y dado que son ingentes los recursos que demanda la infraestructura faltante, creemos sinceramente que la autoridad económica no debe descartar la enajenación de activos para financiarla. La infraestructura no debe detener su crecimiento.
En este caso enajenar, no es sinónimo de renunciar: es cambiar los activos antes mencionados por otros mucho más rentables, como sin duda lo son la competitividad y el crecimiento económico resultantes de contar con una buena infraestructura.
El país ya ha puesto a prueba, de manera exitosa, experiencias similares. Los recursos derivados de la venta de Isagén -que valga decirlo no fueron utilizados para financiar gasto corriente de la nación- viabilizaron activos estratégicos para acometer obras prioritarias.
El pliego tipo
Del 100% de los procesos de selección adjudicados por licitación de obra pública en los primeros seis meses de aplicación del pliego-tipo, en el 72% se ha logrado la participación plural de oferentes. Empieza así a desmontarse la indeseada situación de los únicos oferentes.
A pesar de las buenas noticias, hoy nos enfrentamos a una paradoja: el trámite en el Congreso de la República de un proyecto de ley que pretende llevar, a otros sectores de las compras públicas la figura del pliego tipo. Digo paradoja porque dicha iniciativa conlleva algunos riesgos que podrían dar al traste con el terreno ya ganado en infraestructura de transporte. En las discusiones parlamentarias, en efecto, han aparecido insinuaciones orientadas a despojar del espíritu técnico y de lucha contra la corrupción al ya mencionado pliego tipo. Nada más inoportuno e inconveniente frente a los logros ya evidenciados de esta herramienta.
“Los colombianos de bien confiamos en que la propuesta sea aprobada en el Congreso sin zancadillas, sin trapisondas y sin los esguinces con los que algunos pocos pretenden volver inocuo este mecanismo y desdibujar su verdadera esencia. De no ser así, las mafias enquistadas de la contratación, como lo dijimos aquí el año pasado, seguirán robándose al país y desangrando sus arcas”, señala Caicedo Ferrer.
Política pública para las pymes de ingeniería
Grandes beneficiarios de los pliegos tipo serán, sin duda, las pequeñas y medianas empresas de ingeniería. Conforman ellas un universo cercano a las 90.000 compañías y construyen obras a lo largo y ancho del país, con dificultades, por supuesto. Sin embargo, a pesar de su rol, estas firmas no cuentan con una verdadera política de Estado que propenda por su fortalecimiento.
Aspectos como la no entrega de anticipos en los contratos de obra pública, el pago de los desbordados impuestos territoriales, la demora en el pago de las facturas y las tortuosas liquidaciones de los contratos, que terminan por consumir el eventual margen de utilidad de los contratistas, son asuntos que deberían abordarse y regularse, justamente, en una política de Estado.
Conscientes de esta problemática y con pleno convencimiento de que las pequeñas y medianas empresas del sector deben tener una mayor participación, una mejor promoción y un impulso sistemático, la CCI hará entrega al gobierno de un borrador de documento Conpes cuyo contenido es, de hecho, esa política hasta el momento ausente que, de ser tenida en consideración, finalmente solventaría buena parte de las necesidades de tan importante segmento empresarial.
