A partir del tercer trimestre del año se proyecta una mejoría gracias al sector de infraestructura.
El segundo trimestre del año dejó inscrita con tinta indeleble una cifra que, en términos de crecimiento económico, será no muy bien recordada por varias generaciones del país. La razón: nunca antes el comportamiento del PIB se había desplomado tan estrepitosamente en la historia nacional. Según el Dane, como consecuencia de las externalidades generadas por la pandemia de Covid-19, el producto interno bruto mostró un crecimiento negativo de -15,7 por ciento.
El saldo en rojo, no obstante, lo esperaban incluso los más optimistas. Ahora, si bien es cierto que los resultados dejan un inocultable sinsabor, también hay una luz de esperanza basada en proyecciones según las cuales, a partir del tercer trimestre del año, y especialmente durante la próxima vigencia, los nubarrones empezarán a disiparse.
La confianza se basa, entre otras cosas, en el rol contracíclico que desde ya está cumpliendo, a carta cabal, el sector de la infraestructura. Solo hace falta ver el avance de cerca del 45 por ciento que hoy muestra el programa de vías 4G, así como la próxima entrega del túnel de La Línea y la puesta en marcha de las obras incluidas dentro de los planes de desarrollo locales, las cuales, durante el próximo cuatrienio, demandarán una inversión cercana a los 63 billones de pesos.
Aunado a lo anterior, hay que tener en cuenta que el proyecto de presupuesto del 2021 detalla como rubro de inversión –orientado a una mayor generación de infraestructura– la para nada despreciable cifra de 9,3 billones de pesos.
Pero ahí no se detiene el aporte del sector de la infraestructura a la economía, con miras a salir del atolladero. El Instituto Nacional de Vías (Invías) ya tiene establecido un plan de inversiones a 2030 de nada menos que 17 billones de pesos para proyectos de obra pública. Ello sin tener en consideración la reciente propuesta que, de manera conjunta, le plantearon al Gobierno la Cámara de la Infraestructura y la Sociedad de Agricultores, en el sentido de destinar buena parte de los recursos del Sistema Nacional de Regalías a la rehabilitación y el mantenimiento de las vías secundarias y terciarias. Solicitud que, de materializarse, se vería reflejada en un gran acuerdo entre la nación y los territorios.
Ahora, por el lado de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) las noticias también resultan más que prometedoras. Por estos días, la entidad está jugada a fondo por sacar adelante el denominado programa de concesiones de quinta generación, 5G, que tan solo en su primera ola contempla 12 iniciativas –viales, aeroportuarias, fluviales e, incluso, una ferroviaria–, las cuales demandarán recursos cercanos a los 18 billones de pesos. Los avances han sido tan significativos en este frente de batalla que, por un lado, ya se abrió el proceso licitatorio de la Malla Vial del Valle, contemplada dentro de las 5G, y, de otra parte, en las próximas semanas se dará luz verde a varias precalificaciones de este paquete de obras: la troncal del Magdalena, antigua Ruta del Sol II, Buga-Buenaventura y accesos Norte II en Bogotá.
La Primera Línea del Metro de la Capital tampoco puede pasar de soslayo dentro de este plan de obras encaminado a reactivar la economía. Se trata del proyecto individual de infraestructura de transporte más ambicioso del que tenga memoria el país.
Ahora bien, sin perjuicio del cambio de activos de la Nación por obras socialmente rentables, las aquí mencionadas están previstas en los presupuestos de la Nación y de los entes locales y en sus respectivas vigencias futuras; algunas de ellas quedarán refrendadas en el ‘Conpes de reactivación’ que apura el Gobierno, y otras equivalen a iniciativas privadas que no demandan recursos públicos. Impactarán tales obras el crecimiento económico, la generación de empleo y la modernidad del país. Gracias a ellas, entonces, en buena parte amainará la tormenta.
