La actual situación económica del país no es fácil. Para nadie es un secreto. Cálculos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, organismo adscrito a la cartera de Hacienda, estiman que el déficit fiscal correspondiente a la vigencia 2024 supera en $ 21 billones la meta establecida. Incluso, ya muchos advierten que se trata del boquete más alto en la materia de las últimas dos décadas, sin tener en cuenta los tiempos de pandemia.
Las razones de la crisis abarcan un amplio espectro: desde los bajos índices en el recaudo hasta el aumento de los gastos de funcionamiento. Ahora, a juicio del Gobierno, el hundimiento de la llamada ley de financiamiento se habría convertido en factor preponderante al momento de atizar las dificultades económicas. Pero más allá de los posibles detonantes de la crisis, es una verdad de a puño el hecho de que las finanzas públicas, hoy por hoy, están seriamente lesionadas.
Al amparo de la situación, diversos sectores de la producción nacional se han visto enfrentados, por una parte, a significativos aplazamientos presupuestales y, de otro lado, a deudas del Estado –a favor de múltiples actores privados– que llevan meses sin saldarse. La situación se evidencia en los sectores de la salud y la energía, por ejemplo.
En el caso puntual de la infraestructura, pese a las dificultades de los últimos días, el panorama luce diferente. En efecto, el Ministerio de Hacienda anunció –en audiencia pública, celebrada el pasado 12 de febrero en las instalaciones de la Procuraduría General– que girará los recursos correspondientes al Invías para que, el propio Instituto, pueda saldar de manera progresiva los compromisos que hoy tiene a favor de contratistas del sector, por más de un billón de pesos.
A la luz de los anuncios de Hacienda, $ 200.000 millones se pagarán este mes de febrero. En marzo se hará un desembolso de $ 600.000 millones y en abril próximo, uno por $ 800.000 millones. Con estos giros se garantiza la buena marcha de proyectos claves para la conectividad de las regiones –a cargo del Invías– y, justamente, los que resultan más sensibles para este gobierno, en cuanto se concentran en regiones apartadas y marginadas.
"Los compromisos hechos por la cartera de Hacienda se constituirán en un alivio para las finanzas de cientos de pequeñas y medianas empresas de ingeniería generadoras de empleo"
Estamos hablando, puntualmente, de 57 iniciativas declaradas de importancia estratégica nacional como la variante San Francisco-Mocoa (Nariño-Putumayo), la vía Popayán-Isnos y Popayán-La Plata (Cauca-Huila), San José del Guaviare-Calamar, la Transversal del Catatumbo, Conexión Alta Guajira, Curos-Málaga (Santander), la conectividad Arauca-Casanare entre otros.
Pero, en esencia, los compromisos hechos por la cartera de Hacienda (que son el resultado de las alertas que encendió el gremio de la infraestructura, desde el año pasado) se constituirán en un alivio para las finanzas de cientos de pequeñas y medianas empresas de ingeniería –consultoras, constructoras e interventoras– generadoras de empleo y comprometidas con el desarrollo del país.
De otro lado, la misma cartera de Hacienda ya ha desembolsado, en lo corrido de este año, los compromisos de la nación por concepto de vigencias futuras del 2024 con las concesiones. Estas últimas, valga decir, han sido justamente las responsables de cambiar para bien el semblante de la geografía nacional en materia de infraestructura.
Por si lo anterior no fuera suficiente, las tarifas de los peajes –congeladas en enero de 2023– hoy están normalizadas, casi en su totalidad. Queda pendiente un pequeño ajuste correspondiente a 1,86 % para las concesiones de origen público, que se efectuará en abril de este año.
Es evidente, por lo tanto, que el camino del diálogo y el entendimiento es realmente eficaz al momento de superar las dificultades.
Apostilla: exitoso, valga reconocerlo, el proceso licitatorio del ferrocarril La Dorada-Chiriguaná.
JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER
Presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura
